El cáncer de la corrupción

Rodrigo Fernández Chois

Existen faltas y delitos que atentan contra la convivencia y el desarrollo de la vida en sociedad. Trasgresiones a la ley que se van desde una simple contravención de tránsito en cualquiera de nuestras avenidas hasta una espantosa e infernal frontera donde ubicamos los delitos de lesa humanidad.

Y si bien, el asesinato tiene un lugar preponderante en esta aberrante cúspide -siendo igual de condenable uno o un millar- hay una fechoría que en mi concepto personal se encuentra muy por encima del homicidio: la corrupción; y peor aún, la corrupción del Estado.  

La corrupción oficial no solo hace ineficiente el favorable impulso de una política económica keynesiana basada en gasto público sino que despoja la oferta de bienes públicos esenciales como lo son la salud, la educación y la seguridad.

Valorar el efecto perverso de una cifra en pesos robada al presupuesto para suplir las necesidades básicas como por ejemplo la salud de los niños de La Guajira, es mucho más negativo en magnitud para el bienestar de la sociedad que la que podría calcularse al valorar las secuelas de un asesinato. La corrupción genera efectos nocivos inmediatos y consecuencias que duran incontables años malogrando no solo vidas inocentes sino ilusiones y futuros.

Escribo esta nota lleno de repudio con lo que está sucediendo en nuestro país en materia de corrupción. Clamar en las redes sociales la pena de muerte para violadores de niños es entendible, pero sería más favorable para nuestra sociedad instaurar dicha pena para extirpar el cáncer de corrupción que hoy nos carcome. Así lo han hecho países orientales.

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