Mi experiencia ha sido en el sector privado, un sector en el que la asignación eficiente de recursos, la minimización de costos y gastos y la maximización de utilidades representan de manera obligada la ley del éxito, la permanencia y la estabilidad empresarial. Por esa razón no comulgo con las intervenciones que pretendan salvaguardar entes económicos que no han respetado la ley fundamental.
El castigo que imparte la naturaleza a los seres que no evolucionan, que no compiten y que no se adaptan es la muerte y su extinción, así de simple, sin que existan de por medio juicios de valor propios de la inventiva humana como justicia, bondad o incluso compasión.
Opino que la Ley 550, conocida como la Ley de reestructuración económica, no es otra cosa que un mecanismo que busca, si se implementa con la misma ralea humana que propició la génesis del problema, extender artificialmente la vida de un ente moribundo con inmensos costos socioeconómicos para su entorno. ¡Pero esta es mi conclusión para el sector privado! Cuando existe la producción de servicios cuyas características son la de bienes públicos como lo son la salud, la seguridad, la justicia o la educación, el análisis debe hacerse con una lente distinta.
Una oportuna intervención a una entidad enferma que produzca este tipo de bienes debe garantizar su valiosa operación. Y si bien es cierto que la premisa de maximización de utilidades está fuera de lugar, también lo es que el mandato de minimización de gastos y costos imperará para lograr un presupuesto equilibrado no deficitario.
Mis mejores deseos en esta etapa para nuestro Hospital Universitario del Valle.
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