El pago que recibirán los guerrilleros de las Farc al momneto de la desmovilización y durante los 24 meses siguientes es uno de los apartes más discutidos del acuerdo suscrito entre el Gobierno Nacional y las Farc.

Esto es lo que establece el acuerdo final en el punto denominado “Garantías para una reincorporación económica y social sostenible”:

Renta básica
Cada uno (a) de los hombres y mujeres hoy pertenecientes a las FARC-EP a partir de la terminación de las ZVTN (Zonas Veredales Transitorias de Normalización) y durante veinticuatro (24) meses, recibirán una renta básica mensual equivalente a 90% del SMMLV, siempre y cuando no tengan un vínculo contractual que les genere ingresos.

Con posterioridad a este término, se otorgará una asignación mensual de acuerdo con la normatividad que se expida para ese efecto y no menor a la que haya estado vigente siempre y cuando el beneficiario acredite que ha continuado su ruta educativa en función de los propósitos de reincorporación.

Para lo anterior, el Gobierno constituirá un encargo fiduciario. Por su parte, ECOMÚN proporcionará a sus integrantes, asesoría y acompañamiento en el proceso de selección de entidades educativas.

Asignación única de normalización
Cada uno (a) de los hombres y mujeres hoy pertenecientes a las FARC-EP, al momento de la terminación de las ZVTN, recibirá una asignación única de normalización equivalente a 2 millones de pesos.

Seguridad social
Las sumas correspondientes a los pagos por concepto de seguridad social en salud y pensiones de acuerdo con la normatividad vigente para quienes no se encuentren vinculados a actividades remuneradas, serán garantizadas por el Gobierno Nacional, quien constituirá un encargo fiduciario para la realización de los pagos durante 24 meses. ECOMÚN, por su parte, asesorará a sus integrantes en la selección de las instituciones de seguridad social prestadoras de estos servicios.

¿Deben recibir los guerrilleros un pago del Estado por su desmovilización?

 NO: Juanita Cataño

La diputada Juanita Cataño manifestó que “yo personalmente no estoy de acuerdo con una remuneración económica directa a ninguna persona que esté al margen o haya estado al margen de la Ley, sometida a cualquier tipo de procesos, me refiero a los procesos de los paras y de la guerrilla. Creo que hay que hacer un proceso mucho más de fondo, mucho más restaurativo, que entregar el dinero, tirarlos a las selvas de cemento a las que ellos van a llegar o en su defecto a la zona rural.”

La dirigente regional explicó que “no hay un acompañamiento real del Estado, del gobierno para que ellos cumplan un proceso no solamente laboral sino educativo y sicológico para ingresar de nuevo a la sociedad civil.” En ese sentido, Cataño enfatizó que “ aunque mi propuesta no ha tenido eco, he dicho que lo que se debió plantear desde el inicio que se quería hacer una justicia restaurativa era plantear unos centros de reclusión productivos para poder hacer realmente un proceso mucho más profundo con todas estas personas, incluyendo los guerrilleros rasos y del secretariado”.

SI: Luis Felipe Barrera.

El politólogo Luis Felipe Barrera, quien es miembro del comité cívico por el Sí expresó que sí está de acuerdo con el pago a los guerrilleros” pero no se trata de regalarles dinero, suministrarles una pensión vitalicia o premiarlos por los años que estuvieron delinquiendo. No es una gabela o recompensa  sino una garantía para una acertada fase de desmovilización”.

Barrera indicó que ”según el Acuerdo Final, a todos los efectivos de las Farc que ingresen al programa de reinserción del Estado, se les otorgará un estímulo del 90% del salario mínimo como apoyo a su sobrevivencia mientras forjan un nuevo proyecto de vida. Este incentivo lo tendrán hasta por 24 meses”.

El analista recordó que “esto no es nada nuevo, es semejante a los programas que desde hace años tiene el Estado colombiano. Asegurarle la reinserción económica a los desmovilizados, es una garantía para la sociedad en su conjunto pues posibilita la vinculación de los excombatientes a programas de formación para el trabajo y proyectos de emprendimiento, desconectándolos de los quehaceres criminales y las  economías ilegales. La cifra del salario de 1’800.000 que ha circulado por redes es totalmente falsa”.

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