Convulsiones sociales

La fuerza pública tiene entre sus objetivos hacer valer el Estado de Derecho, pero un derecho injusto no puede mantenerse sin corregirse. Un derecho injusto, desequilibrado y desconocedor de la carta de derechos, conlleva a la concentración de privilegios que las mayorías rechazan.

Cada que se niegan los derechos sociales, las movilizaciones crecen y se encuentran sin respuestas efectivas para aplacarlas y volver a la normalidad pública. O se les incumple después de firmar los compromisos, aumentando la incredulidad. El descontento de los inconformes crece y la represión se afina con cuerpos especializados de la fuerza pública. El Esmad es un ejemplo de ellos: los Robocop criollos. En toda sociedad hay que conservar y lograr el orden público porque la validez y vigencia de las normas no es suficiente; aunque no se trata de armar cuerpos especializados solamente, consiste en reforzar la seguridad.

De manera que lo importante es que los gobiernos alcancen un Estado con justicia social, rentas equitativas, evitar el desempleo, las exclusiones y brindar oportunidades.

Los acuerdos de La Habana acabarían  el conflicto con una guerrilla, no con todos los factores perturbadores de la vida ciudadana. Los  movimientos seguirán expresando los conflictos sociales irresueltos para tramitarse con concertaciones y sin violencia. Esa es la ventaja.

El acuerdo de participación en política deja abierto el aparecimiento de circunscripciones  especiales para que los movimientos sociales y los sectores más golpeados por la guerra tengan acceso a los cuerpos colegiados de elección popular, y también se estipula que habrá un capítulo étnico para tener en la cuenta a las comunidades indígenas y a los grupos de afrodescendientes en la participación de los programas de reforma.

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