La justicia y su rol para la paz

Wilson Ruiz

Son varios los cuestionamientos que quedan frente a los acuerdos que se están negociando en Cuba, que serán objeto de consulta para su refrendación y el establecimiento de un nuevo orden en las relaciones Estado – Farc. Por eso es importante hablar sobre cuál es el mejor modelo de justicia que se requiere para alcanzar una paz duradera, teniendo en cuenta que Colombia afrontó procesos similares con grupos al margen de la ley, en los cuales se ha intentado la implementación de sistemas de justicia transicional, que en algunos casos no han logrado su propósito.

Estos comentarios es necesario abordarlos en tres aspectos: La necesidad de implementar un modelo de justicia atractivo para motivar la desmovilización, justicia proporcional para potenciar la reintegración y cómo debe buscarse que el modelo de justicia empleado resulte confiable.

El sistema de justicia que surja de la negociación con las Farc debe ser atractivo para desmovilizar a todos sus miembros, disuasivo para evitar delitos posteriores y permisivos para que quienes dejan las armas hagan política sin ellas. Escoger entre justicia necesaria y justicia posible.

Cerrar el conflicto demanda sacrificar algo de justicia, eso es claro. La misma Corte Constitucional ha conceptuado respecto del impacto que para la justicia puede tener la consecución de la paz, en su sentencia C-370 de 2006, en la que expresa que el derecho a la justicia puede verse restringido cuando de conseguir la paz se trata.

Por eso la justicia debe contribuir a la construcción y consolidación de escenarios que impidan nuevas confrontaciones armadas y servir para catalizar otros procesos como la reintegración de los desmovilizados a la sociedad, su inserción política y su aporte a la convivencia.

El modelo de justicia que se implemente marcará el camino hacia condiciones sostenibles de relativa seguridad y tranquilidad, si está en la capacidad de promover y facilitar entornos de coexistencia pero sobre todo, si puede garantizar la resocialización del individuo y evitar la regeneración del delito.

Nada fácil, si se considera que los criterios preponderantes de nuestro sistema penitenciario y de política criminal no guardan estricta relación con el propósito de resocializar a los delincuentes.
Según la Agencia Colombiana para la Reintegración, entre 2003 y septiembre de 2015 se contabilizaban 57.609 “personas desmovilizadas de los grupos alzados en armas que se encuentran en proceso de reintegración”.

De ellos, 48.612 (84,3%) ingresó efectivamente a programas de reintegración. En contraste, 8.997 (15,6%) no ingresó a ellos, mientras que de los que ingresaron 17.772 (35,6%) son población que ha salido del proceso o ha perdido sus beneficios. Son algo más de 26.000 las personas que por distintas razones no experimentan la reintegración.

La justicia podría identificar aquellos contextos que potencialicen la adaptación de los individuos dentro de organizaciones sociales, lo que implica una labor accesoria a la de impartir justicia, pues los jueces deberán preocuparse también por la posibilidad de que sus decisiones favorezcan o dificulten la viabilidad de las relaciones sociales.

La justicia resultante de las negociaciones tendrá una doble funcionalidad: mientras que coadyuva en impedir que los desmovilizados retornen a actividades ilícitas y perdurables del conflicto, coopera para que cambien las realidades en los territorios afectados mayoritariamente por las confrontaciones.

Frente al interrogante de ¿cómo debe buscarse que el modelo de justicia empleado resulte confiable?, vale la pena decir que las calidades de los jueces serán decisivas, pero también lo serán sus conocimientos respecto de los hechos que van a juzgar.

De ahí la necesidad de definir, prontamente, los parámetros e instancias de selección que se utilizarán en lo que tiene que ver con esas autoridades judiciales especiales.
En concordancia, es preciso garantizar que la información acopiada en las eventuales investigaciones, con base en la cual ha de administrarse justicia, sea la más confiable, exacta y oportuna.

La justicia colombiana no puede darse el lujo de repetir circunstancias reprochables como la existencia de los denominados “falsos testigos” y “falsas víctimas”, así como perpetuar el riesgo de otorgar beneficios y castigos jurídicos a partir de datos erróneos y desactualizados.

La justicia posible no podrá sacrificar la viabilidad de que los implicados en este conflicto rindan cuentas y aporten a la verdad histórica.

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