La ordenanza de la seguridad

Que yo sepa, el Congreso ni mucho menos la Corte Constitucional han estudiado con seriedad la situación de agonía en que dejó la Constitución del 91 a las mal llamadas regiones, que no son otra cosa sino el rezago de un esquema municipalista entronizado bajo la melodía del nuevo país.

Le sobran razones a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, al ponerle la cara por primera vez en muchos años al grave problema del desfinanciamiento de la seguridad en todos y cada uno de los rincones del departamento. El Valle es el departamento con más precario presupuesto en seguridad de todos sus similares, es decir, Antioquia, Atlántico y Cundinamarca; desde hace varias décadas viene cargando como un karma un irrespetuoso presupuesto que ha oscilado entre los mil millones y tres mil millones de pesos para atender una población que es el doble de Cali.

Decirle a los empresarios y a los sectores de clase media y alta que en cualquier ciudad del mundo ellos deben pagar el porcentaje más alto del componente de seguridad no es restarle competitividad y castigar la inversión social como folclóricamente argumenta el alcalde Armitage, sino coger la sartén por el mango y aplicar la fórmula exitosa en el primer mundo; la seguridad, a pesar del desconocimiento del Alcalde, es la más importante inversión social que sociedad alguna puede hacer.

El alboroto que ha suscitado el debate y la feliz aprobación de la ordenanza es una reacción típica del contexto vallecaucano, donde sus élites gobernantes no han sabido entender que desde hace muchos años las tareas de la seguridad y la conectividad con el Pacífico eran los principales imperativos para convertir a Cali en la ciudad más importante de la cuenca.

Fueron muchos los argumentos que exhibió la Gobernadora de cara a la opinión pública para visibilizar valientemente el estado de inmovilidad en que se encontraba ante un fenómeno que como el control territorial del crimen organizado avanza como un fantasma, tomándose ciudades, corredores, barriadas, colegios; bajo la plataforma del mal llamado microtráfico y una locomotora, como en el caso de Cali, mantiene en estado de extorsión al setenta por ciento de los caleños.

La respuesta al mandato de construir la paz desde las regiones necesitaba de esta inversión en seguridad, pues sería impensable iniciar proyectos asistencialistas y benefactores, típicos de la primera etapa de cualquier posconflicto, sin blindar a los vallecaucanos con una matriz de seguridad, que como queda claro en el plan de inversiones apuntará a la tecnología, al gran centro de comando y una minucia para controlar los corredores estratégicos que presuntamente dejarán las Farc y que el crimen organizado pretenderá apropiarse a sangre y fuego. A la luz de este análisis Armitage, ha quedado ante la opinión pública como el más tropical de los discípulos de Donald Trump.

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