La consulta

Rodrigo Fernández Chois

Esta nota no tiene como propósito sentar una posición sobre la consulta anticorrupción. Existen bastantes elementos de juicio y circunstancias especiales que orbitan a su alrededor para que cada colombiano haga uso del sentido común y obre en concordancia.

Aunque escucho críticas y elogios sobre la mencionada consulta por doquier; hay entre las primeras una en particular que ha llamado mi atención: el supuesto enorme costo fiscal de su ejecución.

Como demócrata estoy convencido de que el derecho a ejercer la democracia es y será siempre invaluable. Pero como economista soy consciente de que existen costos que deben ser -por la naturaleza del hecho generador – asumidos de manera equitativa y sin excepción por toda la población que se beneficia en el uso de un sistema democrático participativo.

Desafortunadamente la palabra equidad en este caso específico es un cliché ya que los mencionados costos no son necesariamente asumidos en forma equitativa.

El 2018 ha sido un año intensamente electoral y en cada uno de los comicios que se han realizado se ha decretado lo que se conoce como Ley Seca, una prohibición que afecta económicamente y de manera directa a la industria del esparcimiento y recreación.

Y como las fechas electorales se programan los domingos el impacto económico de la prohibición ha sido mayúsculo ya que ha eliminado de tajo varios fines de semana a una industria que opera y concentra la mayor parte de sus ingresos en este espacio semanal.

Conclusión, al impopular costo de la consulta se le agrega nuevamente las grandes pérdidas que tendrán que asumir de manera inequitativa los comerciantes de la abnegada pero mágica noche.