A la fecha, el Gobierno Nacional sigue sin responder a las peticiones de los abogados litigantes del país, que anunciaron un nuevo plantón el 23 de junio frente a los despachos judiciales, un día después de la celebración del Día del Abogado, demandando de la Ministra de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura, la reapertura gradual con las debidas medidas de bioseguridad, cuando están cerca de completar cuatro meses sin facturar servicios jurídicos del cual dependen el sostenimiento de sus familias y oficinas.

De acuerdo con Gerardo Duque, presidente de la Federación del Colegio de Abogados de Colombia (Fedeacol), se espera que asistan más o menos 500 abogados, debido a la restricción en la movilidad, quienes además rendirán un homenaje a los colegas asesinados en el ejercicio de su profesión. “Realmente los abogados de Colombia han sido desconocidos por el Estado en cuanto a las medidas de protección y la mayoría de los asesinatos no han sido resueltos, siguen en la impunidad”, señaló el profesional.

La protesta, que se repite luego del anuncio de normalización judicial a partir del 1° de julio, se concentrará en Cali a las 8:00 a.m. en la Plaza de Cayzedo, frente al Palacio de Justicia.

Petición

Los abogados litigantes afiliados Fedeacol, solicitan apertura inmediata a la rama judicial, porque no solamente están afectados los profesionales en su derecho al trabajo, sino también la comunidad en general en su acceso a la justicia. “La crisis social que viven los profesionales del derecho en Colombia es verdaderamente dramática. Esta difícil situación incluso ha afectado gravemente la salud física y mental de nuestros colegas, hasta registrar el suicidio de dos colegas en la ciudad de Cali: María Mercedes Ramírez y Carlos Alberto Pizano Gutiérrez”, recordó Duque.

Según el Presidente de Fedeacol, a pesar que el Gobierno Nacional en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura no tiene en cuenta a los abogados, ellos mismos han creado un protocolo de seguridad para ser implementado.

• Debe publicar un aviso

Según el artículo 232 del Código de Comercio, “Las personas que entren a actuar como liquidadores deberán informar a los acreedores del estado de liquidación en que se encuentra la sociedad, una vez disuelta, mediante aviso que se publicará en un periódico que circule regularmente en el lugar del domicilio social y que se fijará en lugar visible de las oficinas y establecimientos de comercio de la sociedad”.

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