Cali, marzo 21 de 2025. Actualizado: viernes, marzo 21, 2025 15:34
A medida que se leían los nombres de los internos fallecidos, las escenas de dolor de sus familiares se intensificaban frente al centro penitenciario, ante la cruda noticia de las vidas que se perdieron en medio de un intenso incendio producto de un amotinamiento.
De acuerdo a la información entregada por la Fiscalía, los 52 cuerpos serán trasladados a las instalaciones de medicina legal en la ciudad de Cali. Así mismo los 23 heridos se encuentran en hospitales de Tuluá y Cali y su estado de salud es monitoreado de manera permanente para tratar de entregar información oportuna a los familiares.
El brigadier general Tito Yesid Castellanos, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), quien entregó las primeras declaraciones sobre el incendio sucedido en el pabellón 8 de la cárcel de mediana seguridad de Tuluá, centro del Valle, explicó que cerca de las 2:00 de la mañana se presentó una riña entre los privados de la libertad que se estaba convirtiendo posteriormente en un botín.
“La información preliminar que se está manejando por parte de la guardia, es que hubo una situación entre ellos mismos, 12 de los privados de la libertad se atacaron con objetos contundentes, posiblemente pudo haber heridas con armas blancas artesanales, que son los cepillos de dientes que ellos mismos utilizan. Estamos verificando exactamente qué fue lo que pasó”, señaló.
La conflagración se presenta cuando los reclusos queman unas colchonetas, que desafortunadamente causan el deceso de 51 personas (49 en el lugar y 2 en el hospital) y 26 heridos que fueron trasladados al Hospital en Tuluá, la mayoría por inhalación de humo.
El Director del Inpec aseguró que en ese momento se activó el protocolo de seguridad por parte de la guardia, que entró a controlar el incendio, “porque hay que prever, primero, que no vaya a haber un intento de fuga, y segundo, que no se presente un incendio mayor. Cuando ellos actúan, logran poner a buen recaudo a la mayoría de los privados de la libertad”, añadió.
Los funcionarios usaron extintores portátiles que están a cargo de la guardia y que fueron utilizados totalmente y también se contó con el apoyo del cuerpo de Bomberos de Tuluá, pues por tratarse de una pabellón antiguo de hace 60 años no tiene sistema anti incendios.
“Doce integrantes del puesto de custodia prestaron los primero auxilios al personal que se encontraba privado la libertad, si no hubiese sido mayor la tragedia, pues 160 estaba en ese pabellón, ellos actuaron de manera pronta y logrando poner a buen recado a la mayoría de los privados de la libertad”, indicó el brigadier general.
Pero aunque las directivas del Inpec aseguran que se actuó de manera oportuna y se evitó una tragedia mayor, otra cosa dicen los familiares.
Según lo establecido cuando los dragoniantes llegaron a ejercer el control los prisioneros algunos prendieron los colchones y allí es donde las llamas se vuelven incontrolables. Los familiares y reclusos aseguran que no los auxiliaron a tiempo y tuvieron que pegarse a las rejas, abrieron las duchas, se trataron de proteger con los colchones, todo sin poder hacer nada porque no recibían ayuda.
Los privados de la libertad aseguran que murieron en las celdas atrapados en medio del fuego, quemándose vivos y sin ninguna posibilidad de resguardar su vida.
El general Castellanos explicó que no se cuenta con un sistema anti incendios y que solo se tienen extintores portátiles que no dan la posibilidad de frenar una gran conflagración.
La Procuraduría abrió indagación preliminar por tragedia en cárcel de Tuluá. SE buscará determinar si los servidores públicos de la prisión tuvieron responsabilidad en los hechos por acción, omisión o extralimitación de sus funciones.
Por su parte el presidente Iván Duque lamentó los hechos ocurridos, que todavía están bajo investigación, y dio instrucciones para “adelantar investigaciones que permitan esclarecer esta terrible situación. Mi solidaridad con las familias de las víctimas”.
A través de Twitter, la Fiscalía publicó que “un equipo de 25 personas, conformado por fiscales especializados, investigadores y técnicos en criminalística de CTI, y peritos forenses de Medicina Legal, asumió investigación por hechos ocurridos en la cárcel de Tuluá, en los que resultaron varias personas muertas y otras heridas”.
Los familiares de los reclusos, quienes esperan en los alrededores del centro penitenciario, responsabilizan al Inpec y al hacinamiento que presentan las cárceles.
Según el brigadier general, el establecimiento de reclusión tiene 1.267 privados de libertad y en este momento hay una sobrepoblación de 17%, lo que quiere decir que tienen aproximadamente 200 privados de la libertad más.
“El pabellón número 8 tenía 160 privados de la libertad, entre sindicados y condenados, de nivel medio de seguridad, porque la cárcel es de mediana seguridad. En estos momentos estamos haciendo las verificaciones pertinentes exactamente de las hipótesis y supuestos”, sostuvo el brigadier general.
Diversos sectores hicieron un llamado a dar una mirada real a la situación de las cárceles y las garantías que se dan en materia de derechos humanos y en las garantías de vida que tienen los reclusos.
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