Cali, junio 5 de 2023. Actualizado: domingo, junio 4, 2023 23:16
Por: Juan Carlos Ramos / Comunicaciones Fundación Tengo Ganas/ www.tengoganas.org
La Mesa Interjurisdiccional del Valle del Cauca, creada para articular y coordinar acciones entre la justicia ordinaria y la jurisdicción especial indígena, ha logrado importantes avances en la protección de los derechos étnico-territoriales de las comunidades indígenas del departamento. Entre sus logros se destacan la promoción del acceso a la justicia para las comunidades indígenas y el fortalecimiento de sus sistemas de derecho propio. Esta iniciativa ha sido reconocida como un modelo a seguir en la implementación de políticas de articulación interjurisdiccional. Esta es su historia.
Las Mesas Interjurisdiccionales, presentes en cada departamento, son espacios de diálogo y trabajo conjunto entre las instituciones operadoras de justicia y las autoridades indígenas que administran justicia propia en resguardos y cabildos.
Su propósito principal es coordinar y articular los esfuerzos y recursos necesarios para solucionar conflictos al interior de los territorios indígenas o problemas legales que involucran a personas de estas comunidades.
En el Valle del Cauca, según explica la Magistrada Victoria Eugenia Velázquez Marín, presidenta de la Mesa Interjurisdiccional y del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle, “esta mesa es de suma importancia como mecanismo de interlocución entre la rama judicial y los pueblos indígenas ya que actúa de conformidad con la Constitución Política, la ley de origen y el derecho mayor de cada pueblo y la jurisprudencia aplicable en Colombia”.
Para María Yalanda Campo, gobernadora del Cabildo Indígena Misak Nu Pachik Chak de Santiago de Cali, es importante la existencia de esta Mesa de articulación porque, según comenta, el trabajo mancomunado entre las autoridades de ambas jurisdicciones ha permitido la pronta resolución de algunas conflictividades o infracciones, o como le llama ella: “desarmonías”.
Según la gobernadora, “algunos jueces han visto cómo a través de nuestro modelo de justicia, apoyado en ocasiones por algunas autoridades de la justicia ordinaria, se han resuelto casos de manera más rápida de lo común”. Sobre los motivos de esta eficiencia del modelo indígena para resolver los conflictos, la gobernadora comenta: “la nuestra es una justicia colectiva, en la que todos estamos en función de investigar, esclarecer los hechos y procesar al culpable de la desarmonía. Además, todos velamos porque esa persona cambie y no vuelva a cometer los mismos errores”.
La gobernadora Yalanda señala también, que a partir de la instalación de la Mesa se han gestado procesos de aprendizaje mutuo, en los que cada justicia viene “aprendiendo cositas” de la otra.
“Este es el momento de articularnos, es el momento de mirar qué nos sirve de una o de otra justicia. Nos toca mirar que cuando una justicia no responde, la otra puede entrar a apoyar y asumir los casos”.
Entre tanto, William Trochez Ipia, secretario general del Cabildo Kwe’sx Thata Kiwe Las Guacas, del municipio de Florida (Valle del Cauca), menciona que “la expectativa con la Mesa es que tanto la justicia ordinaria como la justicia especial indígena se puedan integrar, y sobre todo entender, para que no haya inconvenientes en la resolución de los procesos”.
Según cuenta la magistrada Velázquez, el trabajo de esta Mesa comenzó a gestarse, en el año 2016, a partir de unos primeros acercamientos con los actores claves.
En años posteriores se fue consolidando una relación de acompañamiento y apoyo mutuo, pero fue hasta 2019 que se estableció el reglamento interno para el funcionamiento de la Mesa de Coordinación Interjurisdiccional, en el que se estipularon los objetivos misionales y se definieron líneas de acción más específicas.
Así mismo, la magistrada Velázquez destaca que desde su nacimiento, este espacio ha avanzado en muchos temas con las comunidades indígenas de la región, entre ellos el empoderamiento de la mujer indígena, la importancia de la intervención de la mujer indígena en espacios decisorios, la prevención de violencia intrafamiliar y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, la prevención de mutilación genital femenina y el matrimonio temprano, la importancia de la jurisdicción especial indígena, la conservación de los usos y costumbres de las comunidades indígenas, el derecho a recibir educación en lengua propia, la seguridad alimentaria, el respeto por la madre tierra, y la implementación y el fortalecimiento de los centros de armonización.
En estos años de funcionamiento, la Mesa Interjurisdiccional del Valle del Cauca ha logrado importantes avances en la protección de los derechos de los pueblos indígenas.
Como muestra de ello, en el año 2020, el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle, quien preside la Mesa, recibió un merecido reconocimiento por su destacado trabajo en la construcción y el mejoramiento de los centros de armonización en los cabildos indígenas de Jamundí, Pradera y Florida.
Este logro fue reconocido en la novena versión de los Premios Excelencia en la Justicia de la Fundación Bolívar Davivienda, en la categoría de Innovación Judicial.
Este reconocimiento no solo es un honor para el Consejo Seccional de la Judicatura, sino que también es un gran paso hacia la justicia para las comunidades indígenas que se han enfrentado a una larga lucha por el acceso a los sistemas de justicia.
Este galardón reconoce el valioso esfuerzo en relación al acceso a la justicia para las comunidades indígenas, así como la colaboración en el fortalecimiento de los sistemas de derecho propio, siempre respetando sus usos y sus costumbres.
Recordemos que los centros de armonización son espacios en los que los miembros de una comunidad indígena que hayan cometido desarmonías o infracciones a la norma pueden reparar los daños a través de trabajo comunitario y de acompañamiento espiritual.
“Las personas están allí organizándose, curándose de esa enfermedad, a través de la asesoría del médico tradicional, que en el caso de la comunidad Nasa es el Thé Wala” menciona William Trochez Ipia, secretario general del Cabildo Kwe’sx Thata Kiwe Las Guacas, del municipio de Florida. “De esta forma, se promueve la justicia restaurativa, la sanación de la desarmonía y se fortalece la autonomía de los pueblos indígenas en la resolución de sus propios conflictos” agrega Trochez.
De igual manera, y través del acompañamiento de aliados estratégicos como el Programa Justicia Inclusiva de USAID se están dando importantes avances en la construcción de protocolos de entendimiento entre ambas jurisdicciones, lo que permitirá una mejor coordinación en la resolución de conflictos y un acceso más efectivo a la justicia para todos los integrantes de las comunidades indígenas.
Desde el año 2023, el Programa de Justicia Inclusiva de USAID ha brindado un importante apoyo técnico, logístico y de capacitación para la creación de protocolos que permitan mejorar las capacidades y conocimientos de los actores del sistema judicial en la implementación de procesos más justos e inclusivos para las comunidades indígenas, que, además, respeten su cosmovisión.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y los avances en la articulación, todavía persisten tensiones y resistencias por parte de la justicia ordinaria hacia las decisiones y las prácticas de la justicia indígena.
De allí la necesidad, por ejemplo, de sensibilizar y capacitar a los jueces y demás funcionarios del sistema judicial sobre temas de jurisdicción especial indígena.
El magistrado César Augusto Castillo Taborda, Presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali ha destacado que “es fundamental que los jueces y funcionarios de la rama judicial tengan un conocimiento profundo de la jurisdicción especial indígena y de los derechos de los pueblos indígenas en general” y agregó que “de esta forma, podrán tomar decisiones informadas y respetuosas de los derechos de los pueblos indígenas, y podremos garantizar que sus derechos étnicos, culturales y políticos no sean vulnerados”.
En este sentido, las autoridades indígenas han manifestado la importancia de garantizar el respeto y la protección de los derechos de los pueblos indígenas a su autonomía y gobierno propio.
Al respecto la gobernadora Yalanda sostiene “necesitamos que algunos jueces que creen que no es posible hacer justicia a través de nuestros métodos, entiendan que sí lo es. Hemos mostrado con hechos que nuestra justicia funciona, de una manera distinta quizás, pero también es efectiva”.
De este modo, las autoridades indígenas han enfatizado en la necesidad de establecer una relación de diálogo y entendimiento constante con el Estado y las instituciones operadoras de justicia, de allí que la existencia y funcionamiento de la Mesa sea tan importante.
La Mesa Interjurisdiccional del Valle del Cauca está integrada por una amplia variedad de miembros, entre los que se encuentran las organizaciones y autoridades indígenas regionales, representadas por delegados de los pueblos Nasa, Kofán, Embera, Quichua, Misak, Yanacona, Inga, y Eperara-Siapidara, el presidente del Consejo Seccional de la Judicatura, el presidente del Tribunal Superior de Cali y de Buga, la directora Seccional de Fiscalías tanto de Cali como del Valle del Cauca, la procuraduría regional, provincial y distrital de la Procuraduría General de la Nación, el defensor regional del pueblo, el director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el director regional de todos los establecimientos de reclusión existentes en el Valle del Cauca, el director regional del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía CTI, el director regional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y las Comisarías de Familia.
Fin de los artículos
Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A. Fundado el 19 de noviembre de 1961
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