Las recientes denuncias de líderes indígenas y campesinos del Cauca, según las cuales grupos armados estarían persiguiendo a ciudadanos que votaron por el hoy presidente electo, Abelardo de la Espriella, no pueden entenderse como un hecho aislado.

Por el contrario, se suman a una serie de elementos que desde la segunda vuelta presidencial han alimentado las dudas sobre la posible existencia del denominado “voto fusil” en algunas regiones del país.

Si estas denuncias resultan ciertas, estarían revelando un hecho de enorme gravedad: que en determinados territorios las organizaciones criminales no solo ejercen control sobre la población, sino que también pretenden decidir por quién pueden o no votar los ciudadanos.

Desde la noche misma de las elecciones surgieron interrogantes frente a resultados extraordinariamente concentrados en municipios con fuerte presencia de grupos armados ilegales.

En varias localidades del Cauca, Chocó y otras zonas históricamente afectadas por el conflicto, Iván Cepeda obtuvo votaciones superiores al 80 %, e incluso cercanas al 100 % en algunas mesas, al tiempo que esos municipios registraron incrementos de participación electoral muy superiores al promedio nacional.

Esas cifras, por sí solas, no constituyen una prueba de irregularidad, pero sí justifican plenamente una investigación seria, técnica e independiente.

Ahora aparecen denuncias según las cuales campesinos e indígenas que respaldaron electoralmente a Abelardo de la Espriella estarían siendo identificados, amenazados e incluso declarados “objetivos militares” por estructuras criminales.

Si quienes votaron libremente hoy son perseguidos por haberlo hecho, resulta inevitable preguntarse qué pudo ocurrir antes de la jornada electoral en esos mismos territorios.

¿Hubo ciudadanos que votaron bajo presión? ¿Existió constreñimiento armado al elector? ¿Hasta dónde llegó la influencia de las organizaciones criminales sobre el resultado en determinadas zonas? Son preguntas que el Estado tiene la obligación de responder.

La elección presidencial ya fue definida, pero las investigaciones siguen siendo indispensables porque Colombia no puede llegar a las elecciones territoriales del próximo año con las mismas dudas.

En 2027 estarán en juego gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos municipales.

Si en algunos territorios las organizaciones armadas realmente tienen capacidad para condicionar el voto de las comunidades, podrían terminar decidiendo quién gobierna municipios enteros e incluso influir en la elección de gobernadores.

Ese riesgo trasciende cualquier disputa partidista.

Se trata de proteger la esencia misma de la democracia: que cada ciudadano pueda votar libremente, sin amenazas, sin intimidaciones y sin la presencia de actores armados condicionando su voluntad.

Por ello, las investigaciones no pueden limitarse a establecer la veracidad de las amenazas denunciadas en el Cauca.

Deben extenderse a determinar si existió presión armada durante la campaña y durante la jornada electoral en las zonas bajo influencia de grupos ilegales.

Al mismo tiempo, el nuevo gobierno tiene la obligación de recuperar el control efectivo de esos territorios.

No solo para enfrentar a las organizaciones criminales que hoy someten a miles de colombianos mediante el miedo, sino también para garantizar que nunca más una elección esté rodeada por sospechas de que el fusil reemplazó la libertad del voto.

La democracia no puede convivir con territorios donde los ciudadanos deban escoger entre obedecer a un grupo armado o ejercer libremente sus derechos políticos. Esa es una deuda histórica del Estado que ya no admite más aplazamientos.

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