Cali, octubre 25 de 2020. Actualizado:

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Las comunidades de las zonas cocaleras están atrapadas en las redes de los criminales

Violencia, más allá de Jamundí

Lo que viene ocurriendo en la zona rural de Jamundí, que se conecta con el norte del departamento del Cauca, es una réplica de lo que viven todos los municipios del suroccidente colombiano en los que hay cultivos de coca y laboratorios para el procesamiento de droga, una lucha constante entre los grupos ilegales que buscan controlar el negocio, que representa un acoso permanente a las comunidades.

Los habitantes de estos territorios frecuentemente se ven atrapados en medio del fuego de los grupos que se disputan este negocio ilegal, pero ese no es su único problema, también son utilizados para trabajar tanto en los cultivos como en los laboratorios, pues negarse a ello les puede valer la muerte o el destierro y, como en la mayoría de estas zonas rurales no hay presencia de las autoridades o, si la hay, es mínima, no les queda de otra que asumir ese riesgo, que automáticamente los convierte en objetivo de los bandos enemigos.

Por eso el llamado al Gobierno Nacional hecho por la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, a raíz de la masacre ocurrida el pasado fin de semana en Jamundí, es válido, pues se requiere una intervención urgente e integral por parte del Estado para evitar que en estos territorios siga imperando la ley del monte. Ni las administraciones seccionales ni mucho menos las municipales están en capacidad de enfrentar la gigantesca amenaza que representan estas organizaciones criminales.

Si no se actúa pronto, la seguidilla de masacres continuará y, con ella, el país podría volver a la época en la que comunidades enteras dejaban sus tierras, sus viviendas, sus animales y sus enseres y huían hacia las ciudades para salvar sus vidas.

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