Lejos, muy lejos está nuestro país de superar el maltrato contra las mujeres, pues sigue siendo socialmente aceptado y justificado. Tres casos recientes lo confirman: en Envigado, Antioquia, una estudiante de 14 años de edad víctima de acoso por parte de un compañero de clases puso en conocimiento a las directivas del colegio, ante lo cual la institución se limitó a pedirle a la joven que ponga límites. En Cali, también en un colegio, un adolescente golpeó a una compañera, agresión que fue registrada en video y, aunque algunos estudiantes intervinieron, otros estimularon el ataque. Y también en Cali, un hombre golpeó en plena vía pública una mujer y, aunque por el lugar pasaban muchas personas en carros y motos, sólo una mujer se atrevió a defender a la víctima.

Paradójicamente, en nuestro país se han endurecido las penas por violencia de género, pero poco o nada han servido estas medidas, pues no se ha logrado desactivar el chip que lleva a que de una manera u otra se justifiquen las agresiones. Cuando las directivas de un colegio le responden a una adolescente víctima de acoso que debe poner límites, no sólo la dejan sola sino que descargan en ella la responsabilidad del hostigamiento, es la misma lógica perversa que justifica los accesos carnales violentos cuando lo padecen mujeres que visten blusas escotadas o faldas cortas.

Esta misma lógica es la que lleva a que nadie intervenga cuando un hombre golpea a una mujer, porque automáticamente se considera un asunto privado, de pareja, como si las agresiones fueran válidas cuando el victimario es el esposo o novio de la víctima.

Mientras no haya un trabajo educativo enfocado en erradicar el machismo, la violencia contra la mujer se seguirá justificando socialmente y no habrá endurecimiento de penas que frene a los trogloditas. Para avanzar es clave la sanción social.

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