Aunque afortunadamente fue liberado sano y salvo un día después, el secuestro de Jesús Antonio Quintana García, director del Ciat, que ocurrió el pasado domingo en zona rural de Toribío, Cauca, cuando se dirigía hacia Neiva, Huila, evidencia un preocupante retroceso en materia de seguridad para Colombia, pues ubica al país 20 años atrás, en la época de las pescas milagrosas, cuando la guerrilla instalaba retenes ilegales en las carreteras en busca de personas “secuestrables”.

Eran tiempos de zozobra en los que transitar por las carreteras implicaba el riesgo de caer en manos criminales. La política de Seguridad Democrática, aplicada durante los dos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe puso fin a esta práctica que tanto dolor e inestabilidad le trajo a Colombia, pues el país fue incluido en varias listas rojas internacionales en las que se le señalaba, con razón, como un destino peligroso.

Por eso, resulta toda una paradoja que, después de firmado un “acuerdo de paz” con las Farc, organización ilegal responsable del mayor número de secuestros en el país, este fenómeno esté de regreso y, precisamente, protagonizado por disidentes de esta guerrilla.

Sin duda, son muchos los cuestionamientos que se pueden hacer sobre el acuerdo de paz con las Farc, suscrito hace ya cuatro años, pues entre más pasa el tiempo, más se evidencia que lo pactado trajo beneficios únicamente a un puñado de cabecillas, que hoy goza de impunidad y curules en el Congreso de la República, mientras que las disidencias continúan dedicadas a la industria criminal.

Sin embargo, el país no puede encasillarse en la discusión sobre este acuerdo en el que el Estado entregó mucho y no resolvió nada, sino que debe enfrentar con contundencia estas organizaciones criminales, antes de que sea demasiado tarde y, sin darnos cuenta, estemos de regreso al pasado.

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