La detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ordenada por la Corte Suprema de Justicia, obliga a hacer un llamado a la mesura tanto a los seguidores del jefe del Centro Democrático como a sus opositores, pues nada más inconveniente para el país, en medio de la crisis sanitaria y económica ocasionada por el covid-19, que la crispación de los ánimos y la alteración del orden público.

Ojalá los colombianos, independientemente de su línea ideológica, no alimenten las tensiones y las presiones ni conviertan este hecho en una excusa para los insultos y las agresiones.

Lo mejor que pueden hacer unos y otros es velar por una aplicación independiente de la justicia, sin que haya presiones de ningún lado. Al expresidente se le deben brindar todas las garantías para su defensa y los magistrados deben actuar ceñidos al Derecho y basar la decisión que tomen al respecto única y exclusivamente en las leyes y en las pruebas, sin que medie ninguna consideración de tipo político a favor o en contra del exmandatario.

Por tratarse de una figura tan relevante, pues Álvaro Uribe es el político colombiano más influyente de los últimos 50 años, lo que le ha valido la admiración de muchos y la animadversión de sus contradictores, este caso pone a prueba a la justicia, que además de mantener el equilibrio, debe actuar con máxima celeridad, por tratarse de un asunto de interés nacional.

Mientras tanto, el país debe seguir adelante, la amenaza sanitaria y la crisis socio económica ocasionada por el coronavirus no dan espera, y, por lo tanto, el Gobierno Nacional y el Congreso de la República deben ocuparse de estos asuntos y dejar que la justicia, con la mayor independencia y equilibrio posibles, resuelva la situación jurídica del expresidente Uribe.

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