En la semana que termina hubo ataques de grupos ilegales en Argelia, Buenos Aires, Santander de Quilichao y Suárez, en el Cauca, siendo el carrobomba de Timba el caso más grave, pues dejó dos civiles muertos y otras cinco personas heridas, además de cuantiosas pérdidas materiales.

El más reciente hecho, al momento de escribir este editorial, fue el ataque, también con carrobomba, contra la estación de Policía de Potrerito, en zona rural de Jamundí, en el Valle del Cauca, que dejó once heridos y destruyó un colegio.

Ojalá esta escalada terrorista lleve al presidente Gustavo Petro a aceptar la realidad del orden público y tome medidas de verdad contra los grupos armados al margen de la ley.

El ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y cuanta organización criminal favorecida por el gobierno nacional con ceses al fuego que sólo cumple la fuerza pública no han dado muestras reales de voluntad de paz que los haga merecedores del trato privilegiado que les ha dado el presidente Petro, por el contrario, han burlado la confianza del mandatario y han respondido con más violencia.

Como ya se ha dicho desde esta tribuna de opinión, el romanticismo por los ideales revolucionarios no puede cegar a Petro, primero, porque ninguno de los grupos armados al margen de la ley que operan en Colombia tiene un propósito político, son carteles de las drogas, la extorsión y la minería ilegal y, segundo, porque él, aunque haya sido guerrillero, es el presidente de la República y, como tal, tiene la obligación constitucional de defender la vida y bienes de los ciudadanos que son acosados por los ilegales.

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