A finales de agosto el gobierno nacional, a través del ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció que pasadas 48 horas de la ocupación ilegal de un predio, los invasores serían desalojados.

Sin embargo, semana y media después de la advertencia, al menos 14 predios continúan invadidos en el norte del departamento del Cauca.

Como si lo anterior fuera poco, a través de una carta pública, el Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, advirtió que los invasores de los predios en cuestión no se retirarán y también anunció que vendrán más ocupaciones.

Más que la posición de los promotores de las invasiones, sorprende la inacción del gobierno nacional, que no cumplió el compromiso de recuperar las propiedades invadidas, lo cual es una obligación del Estado, y que con su actitud omisiva parece validar la ocupación ilegal de tierras.

De nada vale que la vicepresidenta, Francia Márquez; la ministra de Agricultura, Cecilia López, y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se pronuncien contra las invasiones si no hacen nada efectivo para impedirlas.

Además de fomentar este fenómeno, la actitud del gobierno nacional y sus funcionarios está permitiendo que se configure una bomba de tiempo en la que los trabajadores y propietarios de los predios ocupados de manera ilegal terminen enfrentados con los invasores, algo que sólo podrá evitarse si el Estado hace presencia y pone orden en la zona.

La promesa de tierra hecha por el actual gobierno a sectores campesinos e indígenas se debe tramitar por las vías legales, no puede ser a través del fomento y la permisividad con la invasión, que llámese como se llame, es una acción ilegal que vulnera los derechos a la propiedad privada y al trabajo de miles de personas.

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