Es tal el dominio que tienen las bandas criminales en Quibdó, la capital del Chocó, que además de matar y extorsionar a su antojo, imponen toques de queda que la población cumple atemorizada. Estos grupos, dedicados a todo tipo de actividades ilícitas, pero principalmente al narcotráfico y al microtráfico, desbordan la capacidad de contención de las autoridades y, si no se adoptan medidas de choque urgentes, podrían llegar a tomar el control de la ciudad.

Sin embargo, aunque buena parte del país mira el caso de la capital chocoana con sorpresa y horror, como si se tratara de algo distante, esta situación se repite en varios puntos de la geografía nacional, donde la ilegalidad y la presencia débil o inexistente del Estado tiene a poblaciones enteras a merced de la ley del monte. Tumaco y varios municipios del Pacífico nariñense viven lo mismo, al igual que la región del Catatumbo, en el nororiente del país, por citar los casos críticos.

Sin embargo, este no es un problema exclusivo de los territorios apartados, cerca a los grandes centros urbanos también hay grande áreas tomadas por el crimen, como la parte alta de la zona rural de Jamundí, a pocos minutos de Cali, en la cual se requiere una intervención integral urgente antes de que quede bajo el control absoluto de los grupos armados que manejan el negocio del narcotráfico.

Durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos se cometió el grave error de replegar las fuerzas armadas de estos territorios, lo que permitió el crecimiento de los cultivos ilícitos y de los grupos criminales que custodian estas plantaciones, muchos de ellos disidencias de las Farc. Si las autoridades no retoman la ofensiva y recuperan el control, estas zonas podrían convertirse en la trinchera desde la que se consolide de nuevo la amenaza guerrillera.

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