El enfrentamiento entre el fiscal Eduardo Montealegre y el procurador Alejandro Ordóñez por cuenta de sus diferencias sobre el manejo que debe darse a la situación judicial de los cabecillas de las Farc, ante un eventual acuerdo de paz con el Gobierno Nacional, no es una simple pelea, se trata de un asunto de fondo que marcará en gran medida el modelo futuro de país.

La preocupación porque masacres, secuestros, torturas, extorsiones, desapariciones y demás crímenes de lesa humanidad cometidos por las Farc queden impunes es válida, pues, de no ser castigados, no sólo se cometería una afrenta a las víctimas, sino que se abriría una puerta para que los autores de delitos oprobiosos reclamen igual trato.

Hay 218 miembros de las Farc, entre ellos ocho integrantes del secretariado, condenados por delitos de lesa humanidad.

La impunidad estimula la ilegalidad, en Colombia casi el 80% de los responsables de todo tipo de delitos no recibe un castigo; esa incapacidad del Estado para identificarlos, ubicarlos y condenarlos lleva a todo tipo de hampones, desde raponeros hasta homicidas, a actuar con la seguridad de que es poco probable que la justicia los castigue.
¿Cuál sería, entonces, el efecto social de un acuerdo en el que el Estado desista de aplicar la ley a los autores de crímenes de lesa humanidad?

Es claro que en una negociación como la que se adelanta con las Farc se debe ceder en aras de lograr la desmovilización del grupo ilegal, y por eso debe haber disposición a la aplicación de una justicia transicional, con penas para los jefes guerrilleros inferiores a las merecidas, como un estímulo para la dejación de armas, pero lo que no se puede aceptar bajo ninguna circunstancia es la impunidad.

Oponerse a la impunidad no es atacar la paz, al contrario, es apostarle a una paz duradera a través de la justicia, para que se cierren las heridas y haya reconciliación.

Comments