Aunque el presidente Gustavo Petro y varios de sus funcionarios se han esforzado por dejar claro que no legalizará el narcotráfico, las decisiones adoptadas por su gobierno facilitan la actividad de quienes se dedican a este negocio ilícito.

No se trata solo de la suspensión de todo tipo de erradicación forzada de cultivos ilegales, sino también de los cambios en la política de extradición y de los anuncios que limitan la lucha de la fuerza pública frente a las guerrillas y demás bandas criminales, dedicadas todas al negocio de las drogas.

Que en adelante los cabecillas de estas agrupaciones ilegales no tengan que preocuparse por cuidarse de bombardeos y operativos en los que puedan ser dados de baja, les dará el tiempo y la tranquilidad para dedicarse a su verdadera razón de ser: el narcotráfico.

Sin quien arranque las matas de coca ni quien les impida apoderarse de más tierra para extender las fronteras de sus cultivos, los grupos armados ilegales pueden estar a punto de vivir su mayor bonanza, lo que fácilmente se puede traducir en una mayor capacidad militar y de corrupción.

¿Qué implicará esto en los centros urbanos, azotados por los nefastos efectos del microtráfico? ¿Qué implicará esto en materia de violencia y orden público en la guerra que sostienen estas organizaciones por el control del negocio de las drogas? Además, que en Colombia se pueda producir más cocaína y que los carteles tengan mayor facilidad para mover la droga hacia los puntos de exportación, tendrá, sin duda, un impacto también en la comunidad internacional.

Mientras la legalización de la droga no sea una decisión global, de nada servirá que un país productor facilite las cosas para los narcos, por el contrario, la decisión sólo servirá para estimular la violencia interna y para aumentar el señalamiento internacional por la permisividad con lo que el resto del mundo considera un delito.

Foto: Ejército Nacional

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