En Colombia hay más de 10 millones de motocicletas, vehículos que juegan un papel fundamental en la cotidianidad de colombianos de estratos populares, pues suplen las deficiencias de transporte público eficiente y representan también una herramienta de trabajo, sobre todo informal, para quienes viven del rebusque mediante plataformas de domicilios o prestan servicio de mototaxi.

En ese contexto, se entiende que la coyuntura por el encarecimiento y la dificultad para adquirir el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, Soat, no es un problema menor y requiere atención oportuna del gobierno nacional.

¿Qué pasa? A partir de este año, por una ley que se aprobó en 2021 (la Ley 2161), se fijó un tope máximo del 5% a las comisiones que reciben los comercializadores del Soat, por lo que dejó de ser atractivo para los intermediarios y muchas agencias dejaron de venderlo.

Ahora los puntos para adquirir el seguro son menos y algunos cobran un valor adicional para compensar la reducción de la comisión, lo que genera un alza extraoficial.

Esto es preocupante porque de cada 100 accidentes viales que ocurren en Colombia, en 87 hay vinculada una moto, por eso es un grave peligro que miles de estos vehículos circulen sin una póliza.

Sin embargo, el tema es mucho más complejo, pues la informalidad en la tenencia de motocicletas es muy alta, entre quienes adquieren uno de estos vehículos de segunda mano es común que no se haga el traspaso, por cuestión de costos, y, por lo tanto, al no contar con la tarjeta de propiedad, no se puede adquirir el soat.

Las motos no pueden ser un problema, son una realidad que debe regularse con el propósito de reducir la accidentalidad y para ello es fundamental trabajar en pedagogía y control, así como facilitar el acceso al seguro obligatorio.

Foto: Ministerio de Transporte

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