Cali, abril 23 de 2025. Actualizado: miércoles, abril 23, 2025 00:25

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En Colombia el sistema penitenciario ni evita que los condenados sigan delinquiendo ni mucho menos propicia su resocialización

Megacárceles estilo Bukele

Los centros de reclusión en Cali presentan un hacinamiento cercano al 2.000%. No es un panorama muy diferente a la situación de la mayoría de los centros carcelarios del país.

En estas condiciones, sindicados y condenados están lejos de la resocialización y, por el contrario, más cerca de profundizar en el mundo del crimen. Los penales son hoy los grandes call centers a través de los cuales se coordinan las extorsiones y se manejan muchos negocios ilícitos.

En medio de este panorama, se escuchan voces que proponen seguir el ejemplo de la megacárcel construida por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que ocupa 23 hectáreas y tiene capacidad para albergar hasta 40.000 reos, cuenta con muros electrificados y un sistema que bloquea la señal de los teléfonos celulares.

Un tema que vale la pena analizar.

El objetivo principal de una cárcel segura es mantener a los delincuentes alejados de la sociedad.

Al construir instalaciones penitenciarias diseñadas para contener y aislar a los reclusos peligrosos, se reduce la posibilidad de que continúen cometiendo delitos mientras cumplen sus condenas.

La segregación adecuada de los delincuentes violentos, los líderes de bandas y otros criminales peligrosos disminuye significativamente el riesgo de que estos individuos continúen ejerciendo su influencia negativa dentro y fuera de la cárcel.

Una cárcel segura no se trata solo de mantener a los delincuentes encerrados; también tiene como objetivo brindar oportunidades de rehabilitación y programas de reinserción social, algo que nuestro sistema penitenciario no cumple.

Pero de nada valdría construir megaprisiones en Colombia si no se acaba con la corrupción del sistema penitenciario, que permite la entrada de drogas y armas a las cárceles, fomenta la impunidad y fortalece a las organizaciones criminales.

Además, obstaculiza la rehabilitación de los delincuentes y socava la eficacia del sistema penitenciario.

Esta corrupción pone en riesgo tanto la seguridad dentro de las cárceles como en la sociedad en general.

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