Los riesgos electorales

La Defensoría Nacional del Pueblo presentó un informe según el cual 221 municipios de 25 de los 32 departamentos están en riesgo electoral, bien sea por injerencia de grupos armados al margen de la ley, por posibles fraudes o por otros delitos contra el sufragio.

En la lista presentada por el organismo defensor de los Derechos Humanos aparecen municipios de los cuatro departamentos de la región Pacífico: 24 del Cauca, 18 del Chocó, 14 del Valle y 12 de Nariño.

Si bien estas denuncias no dejan de preocupar, hay que recordar que Colombia ha sacado adelante procesos electorales en momentos más complejos, como ocurrió a finales de la década de los 80, con el terrorismo del narcotráfico, y también a principios de este siglo, cuando las Farc y los paramilitares tenían gran influencia en amplias zonas del país.

No quiere decir esto que deban subestimarse las alertas sobre riesgo electoral, sino todo lo contrario: si en situaciones de seguridad más difíciles que la actual las elecciones se cumplieron sin mayores contratiempos, ahora, con más razón, debe haber plenas garantías para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto sin ninguna presión.

Con los reportes entregados por la Misión de Observación Electoral, MOE, y la Defensoría Nacional del Pueblo, las autoridades cuentan con suficiente información para saber dónde deben desplegarse acciones especiales para evitar la interferencia de actores ilegales en las votaciones, y también dónde debe haber especial vigilancia del proceso para evitar que los resultados finales no correspondan a la voluntad popular.

Ahora bien, los ciudadanos también deben hacer su parte, pues tienen en su poder el arma más efectiva contra los delitos electorales, que es el voto. Si hay una participación masiva, no habrá fraude que valga. Por eso el principal riesgo electoral es que la gente no salga a votar.

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