La reciente denuncia de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, sobre la construcción de una vía ilegal en el sur del departamento, es un llamado de alerta que el gobierno nacional no puede ignorar.

Esta carretera, presuntamente construida por las disidencias de las Farc, se utiliza para el transporte de sustancias ilícitas y la explotación de minería ilegal.

¿Cómo es posible que las disidencias hayan construido una vía de 14 kilómetros sin la intervención del Estado? El cese al fuego “bilateral”, que realmente sólo cumplió el gobierno, brindó a este grupo ilegal el tiempo y la tranquilidad necesarios para consolidar un corredor del narcotráfico.

Esta ruta no solo facilita el transporte de insumos para el procesamiento de cocaína y su posterior salida al mar a través del río Naya, sino que también permite la expansión de cultivos ilícitos y el fortalecimiento del control territorial por parte de la organización criminal.

La lucha en esta zona no es ideológica, sino económica, centrada en el control del lucrativo negocio del narcotráfico. En ese sentido, la arremetida de las disidencias contra Jamundí es una muestra clara de esta disputa.

Por ello, es imperativo que el Estado actúe de inmediato para destruir esta vía, que se ha convertido en una arteria vital para el financiamiento de la guerra.

Esta ruta no solo facilita el movimiento de drogas, sino que también permite el transporte de armamento moderno y equipos sofisticados, evidenciando la prosperidad del negocio ilícito.

El gobierno nacional debe asumir esta pelea como lo que realmente es: una lucha contra un cartel de drogas. El Estado no puede dejarse engañar más por falsas promesas de paz por parte de interlocutores que solo buscan ganar tiempo para consolidar sus negocios ilegales; Colombia ha vivido esta historia repetidamente, y es vital que el gobierno de Gustavo Petro no caiga nuevamente en esta trampa.

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