Cali, diciembre 3 de 2023. Actualizado: domingo, diciembre 3, 2023 21:50
En un giro alarmante, ha surgido un proyecto de ley que busca castigar a aquellos que osen cuestionar las negociaciones de paz emprendidas por el gobierno nacional. La propuesta, presentada por el senador Iván Cepeda, plantea penas para quienes se opongan a los acuerdos de paz, incluyendo agravantes que socavan los principios fundamentales de la democracia.
El proyecto, bajo el manto de perseguir la “obstrucción a la paz”, propone condenas severas de hasta quince años de prisión y multas exorbitantes para quienes expresen desacuerdo o busquen obstaculizar estos procesos. Si bien la resolución pacífica de conflictos es un pilar esencial, coartar la posibilidad de crítica y oposición va en contra de los valores democráticos que tanto se han defendido.
El derecho a expresar desacuerdo y cuestionar las políticas gubernamentales es el corazón mismo de la democracia. Imponer castigos a quienes ejercen este derecho legítimo tiene todo el cariz de una dictadura y una clara anulación de la libertad de expresión. La democracia no prospera en la ausencia de la capacidad de disentir.
Este proyecto, bajo el pretexto de garantizar la paz, parece más una mordaza, una herramienta para censurar y silenciar voces críticas. ¿Acaso no es una verdadera amenaza a la democracia privar a los ciudadanos de su legítimo derecho a la oposición?
Más preocupante aún es el cuestionamiento sobre si esta propuesta tiene la intención de acallar las críticas legítimas sobre la actitud gubernamental hacia los grupos armados al margen de la ley. ¿Se busca, acaso, silenciar cualquier voz que cuestione la postura complaciente del gobierno actual con estos grupos?
La democracia no se nutre del consenso único, sino de la diversidad de opiniones y la posibilidad de debatir abiertamente las políticas y decisiones gubernamentales.
Fin de los artículos
Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A. Fundado el 19 de noviembre de 1961
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