Si bien es necesario vigilar con lupa la ejecución de los recursos destinados a atender la pandemia del coronavirus, tal y como se debe hacer con cada peso del erario, los colombianos deben evitar que el exceso de desconfianza los lleve a adelantar una cacería de brujas en la que, por las faltas cometidas por algunos, se generalice y se criminalice a todo gobernante que realice compras para atender las necesidades generadas por esta coyuntura en materia de salud, alimentación y seguridad.

Sin duda, hay contrataciones de emergencia que se deben hacer, como las compras de guantes y tapabocas, así como de equipos médicos y también de mercados para garantizar la seguridad alimentaria de miles de colombianos de escasos recursos.

Poner en entre dicho esas contrataciones per sé es injusto e irresponsable, primero, porque se necesitan con urgencia y, segundo, porque al clima de tensión que se vive por cuenta de la pandemia se le agrega un componente de desconfianza que enrarece más el ambiente y genera fricciones innecesarias en un momento en el que se requiere construir confianza para que haya unión.

Quien tenga fundamento para hacer denuncias está en la obligación moral y legal de poner esa información en conocimiento de las autoridades competentes, pero quien sospeche por simple desconfianza y sin prueba alguna, debe cuidarse de hacer señalamientos innecesarios. Más grave aún es que, por razones políticas, se utilicen las redes sociales para tender mantos de dudas sin más razón que pasar cuenta de cobro por viejas rivalidades electorales.

Los gobernantes deben ser proactivos y rendir cuentas en tiempo real de los recursos que se gasten en la atención de esta emergencia sanitaria para evitar suspicacias.

Hay que vigilar y exigir transparencia, pero también hay que cuidarse de quienes, a partir de mentiras, quieren aprovechar la coyuntura para desprestigiar gobiernos y capitalizarlo políticamente.

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