El fortalecimiento de las estructuras criminales en el Valle del Cauca no es circunstancial.

Responde a un proceso de expansión sostenida que, según la Secretaría de Seguridad departamental, aumentó en un 36% en los últimos tres años.

Hoy operan en el departamento 16 grupos armados ilegales con presencia en 26 municipios, una situación que desborda la capacidad de cualquier entidad territorial.

Sin embargo, las regiones están enfrentando prácticamente solas el desafío de contener estructuras altamente organizadas, armadas y financiadas por economías ilícitas.

La gobernadora Dilian Francisca Toro, junto a mandatarios departamentales y municipales del país, convocó y lideró hace pocos días el encuentro que derivó en el Manifiesto por la Unidad Territorial y la Seguridad Regional.

Allí, los gobernadores fueron claros: la responsabilidad constitucional del orden público es del nivel nacional.

No es viable sostener la idea de que departamentos y municipios deben suplir funciones estratégicas del Estado, en especial cuando se trata de enfrentar grupos criminales como las disidencias de las Farc.

El Valle, como otras regiones, está conteniendo un problema que requiere inteligencia, capacidad operativa y recursos que solo la Nación puede disponer.

Los ocho puntos del manifiesto son un llamado directo y razonable. Exigen articulación de inteligencia, aumento del presupuesto para la Fuerza Pública, intervención integral en territorios críticos, suspensión de beneficios a estructuras armadas activas y presencia efectiva del Estado. No se pide un privilegio regional, se exige garantía de soberanía, seguridad y protección ciudadana.

Donde el Estado se ausenta, avanza la ilegalidad. El Valle del Cauca no puede convertirse en un territorio administrado por grupos armados.

El gobierno nacional debe asumir su deber constitucional, sin ambigüedades ni dilaciones. La seguridad no puede quedar sola en manos de las regiones.

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