El acuerdo de paz de 2016 estableció la asignación de 10 curules garantizadas en el Congreso para las Farc, ahora partido político Comunes.

Este arreglo, válido por los períodos legislativos 2018-2022 y 2022-2026, fue concebido para facilitar la transición de las Farc de grupo armado ilegal a fuerza política, dándoles representación en la Cámara y en el Senado, aunque no sumaran los votos necesarios para ello.

El compromiso del Estado colombiano de otorgar estas curules se ha cumplido. Pese a la baja votación obtenida por el partido Comunes en las dos elecciones en las que ha participado, las 10 curules han sido garantizadas, por lo que, con toda certeza, se puede afirmar que este punto del acuerdo de paz se ha cumplido a plenitud.

Sin embargo, ahora que el presidente Gustavo Petro planea implementar un fast track para sacar adelante varias reformas y acelerar la puesta en marcha del acuerdo de paz, se ha comentado la posibilidad de prorrogar las 10 curules de las Farc, algo que sería un error.

Continuar con este privilegio sería contraproducente. La democracia se sustenta en la competencia justa y en la representación basada en la voluntad popular expresada a través del voto.

Si los antiguos miembros de las Farc, hoy políticos, desean conservar sus escaños, deben hacerlo en igualdad de condiciones con los demás partidos y, por lo tanto, competir electoralmente y que el pueblo colombiano evalúe su desempeño.

Hacerlo lo contrario, en un momento en el que el gobierno nacional le ha dado estatus a cuanto grupo criminal existe, a través de las negociaciones, sólo serviría para que todas estas agrupaciones ilegales reclamaran el mismo trato.

La atención del gobierno debe centrarse en cumplir los compromisos pendientes con las bases de las Farc, pues a los cabecillas, que no fueron capaces de mantener unidos a sus combatientes en el propósito de la paz, ya se les cumplió.

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