El presidente Gustavo Petro decidió nombrar a Armando Benedetti como nuevo ministro del Interior, a pesar de las múltiples críticas y cuestionamientos que rodean al exembajador.

Esta designación ha generado una ola de reacciones adversas desde diversos sectores políticos y sociales del país.

Benedetti, conocido por su trayectoria polémica, enfrenta actualmente investigaciones en la Corte Suprema de Justicia por presunta participación en desvío de recursos públicos en el caso Fonade, así como denuncias por violencia intrafamiliar.

A pesar de ello, el presidente Petro le entregó el manejo de la cartera más influyente del gobierno, pues es la encargada del manejo político.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó su inconformidad ante este nombramiento, calificándolo de “inconveniente” y “poco respetuoso” con los derechos humanos y de las mujeres, y sostuvo que tener en un cargo de tal relevancia a una persona con acusaciones tan serias no es coherente con la defensa de los derechos fundamentales. Tiene razón.

Durante el reciente consejo de ministros televisado, varios miembros del gabinete manifestaron su oposición a la inclusión de Benedetti en el gobierno.

Sin embargo, tras su designación, estos mismos funcionarios parecen haber aceptado la decisión sin mayor resistencia, evidenciando una falta de coherencia y firmeza en sus posturas.

La llegada de Benedetti al Ministerio del Interior, encargado de la relación con el Congreso y de liderar las reformas gubernamentales, plantea serias dudas sobre la integridad y transparencia con la que se manejará esta relación.

Sobre el nuevo ministro hay señalamientos sobre su presunta labor en la financiación ilegal de la campaña presidencial, lo que genera, por lo menos, inquietud sobre el manejo que le dará a su relación con el legislativo.

Otorgar tal responsabilidad a una persona con múltiples cuestionamientos puede debilitar la institucionalidad y enviar un mensaje equivocado sobre los valores que deben primar en el servicio público.

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