Por lo visto en Colombia la explotación de hidrocarburos se acabará a las buenas o a las malas. A la conocida decisión del gobierno nacional de no conceder nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos, que equivale a que más temprano que tarde no habrá explotación de petróleo ni gas, se suman las vías de hecho contra la infraestructura del sector, que puede llevar a que empresas con licencias activas decidan cancelar los contratos ante la falta de garantías para su ejecución.

Tal es el caso de la petrolera Emerald Energy que, después de los hechos de San Vicente del Caguán, Caquetá, donde comunidades campesinas e indígenas secuestraron a varios empleados de la compañía, al igual que a 78 policías, destruyeron equipamento y exigieron la entrega de un millón de dólares en efectivo cada año para permitir las operaciones, decidió cancelar el contrato.

Como se vio en este caso, el gobierno nacional mostró muy poco interés, por no decir ninguno, en garantizar los derechos de la petrolera y sus trabajadores y, por el contrario, trató de validar, mediante el uso de eufemismos, los hechos vandálicos y delincuenciales que disfrazó de protesta legítima.

Según el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, ACP, Francisco José Lloreda, esta situación no es exclusiva de Emerald Energy, sino que la mayoría de las compañías petroleras que operan en Colombia son objeto de bloqueos y chantajes que dificultan su operación.

A este paso, el fin de la explotación de hidrocarburos en nuestro país podría llegar mucho antes de lo pensado, con gravísimas consecuencias para todo el país, por la disminución de la capacidad energética, y puntualmente para los municipios que hoy se benefician del empleo y las regalías que generan las empresas de carbón, gas y petróleo.

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