Las recientes incursiones de las disidencias de las Farc en el Cauca plantean interrogantes críticos sobre la capacidad del gobierno del presidente Gustavo Petro para mantener la seguridad y la soberanía en esta región.

La osadía de estos guerrilleros, que patrullan las calles armados como si fueran una fuerza de seguridad legítima, es un preocupante recordatorio de la fragilidad de la situación en ciertas áreas del país.

A pesar de un supuesto cese al fuego con el gobierno nacional, las disidencias de las Farc persisten en hostilidades contra la población civil y se desplazan con total impunidad en ciertos territorios.

El reciente incidente en Caldono, donde dos camionetas con cerca de veinte guerrilleros pasearon por las calles exhibiendo armas, es un ejemplo alarmante de cómo estos grupos ilegales están consolidando un inquietante control territorial.

Resulta fundamental cuestionar la inacción del gobierno en este contexto.

¿Por qué el presidente Gustavo Petro permite que estos grupos ilegales fortalezcan su control territorial en el Cauca? La reciente expulsión del Ejército de El Plateado, en la zona rural de Argelia, por presión de las disidencias, refuerza la percepción de que las autoridades están cediendo terreno ante la influencia de grupos al margen de la ley.

La peligrosa tendencia de estos grupos armados ilegales a atribuirse el control territorial plantea un riesgo significativo para la seguridad y el bienestar de la población civil, que queda expuesta a todo tipo de abusos y violaciones de los derechos humanos, sin que haya una autoridad legítima que lo impida.

La preservación de la seguridad y la protección de la población civil deben ser prioridades inquebrantables. Es hora de acciones concretas y estrategias sólidas que aseguren que el control territorial en el Cauca.

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