El Guavio, la hidroeléctrica más grande de Colombia, que genera energía para buena parte del centro del país, incluída Bogotá, opera al 20%, pues una protesta adelantada por 40 personas, que desde hace un mes mantienen bloqueada la vía hacia la central, no ha permitido que se realice mantinimiento a las turbinas, cinco de las cuales tuvieron que ser apagadas.

Al igual que en los bloqueos en otras vías del país, también en los desmanes que terminaron con la quema de un CAI en Bogotá, así como en las invasiones de predios, la fuerza pública no ha actuado de manera oportuna, es como si, con su omisión, las autoridades de un tiempo para acá se hubieran convertido en validadoras de todo tipo de vías de hecho.

Claramente, este tipo de acciones aumentó a partir del cambio de gobierno. Mensajes enviados por el presidente Gustavo Petro y algunos de sus ministros han sido interpretados convenientemente por quienes pretenden imponer sus pretensiones a las malas.

Esto, lamentablemente, ha coincidido con mensajes oficiales que han llevado a la fuerza pública a un evidente repliegue; ya no hay reacción inmediata ante bloqueos, invasiones ni revueltas, lo que ha empoderado aún más a quienes pretenden desconocer las normas y la autoridad.

Se equivoca el gobierno nacional al ser permisivo frente a este tipo de conductas, pues pueden derivar en problemas mayores.

¿Qué pasará con el suministro de energía para el centro del país si la hidroeléctrica del Guavio termina apagada por los bloqueos? ¿Qué ocurrirá en los once departamentos en los que hay invasiones de tierras si los ocupantes ilegales no las desaloajan?

El desorden antecede al crimen y la falta de autoridad propicia abusos y excesos. El gobierno nacional no puede permitir que el país caiga en la anarquía.

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