Los colombianos necesitan que quienes los gobiernen estén en plenas condiciones físicas y mentales, por eso es necesario que el Congreso de la República apruebe el proyecto de ley mediante el cual se busca establecer que los altos funcionarios del Estado, como el presidente, el vicepresidente, los ministros, los gobernadores y los alcaldes, se sometan periódicamente a exámenes de salud que determinen si están en condiciones de cumplir a cabalidad con las funciones de sus cargos.

Si bien la salud es asunto privado, cuando se es funcionario del Estado, se vuelve un asunto público, pues su deterioro, se quiera o no, incide en el cumplimiento de funciones y en la toma de decisiones que afectan a miles o millones de personas.

Aunque no se trata de un debate personal, pues la iniciativa fue presentada mucho antes de que el Vicepresidente de la República y los alcaldes de Bogotá y Cartagena sufrieran percances de salud, y su propósito no es desvincularlos de sus cargos, sus casos sí pueden servir como referente para la discusión de este proyecto, que ya ha sido aprobado en dos de los cuatro debates que debe surtir.

Lo responsable con la ciudadanía, si se ocupa una alta dignidad del Estado, es tener la grandeza de hacerse a un lado cuando física o mentalmente no se pueda cumplir, aquel que se aferra al poder sin estar en capacidad de cumplir a cabalidad con sus funciones, da claras señales de irresponsabilidad y mezquindad, porque prioriza su interés personal sobre los generales.

De la misma forma que en el sector privado se practican chequeos médicos a quienes aspiran a ocupar un puesto, en el poder público, que tiene que dar ejemplo, debe ser igual, la buena salud debe ser un requisito para postularse a un cargo y para mantenerse en él.

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