o se ha implementado en su totalidad la Constitución Política de Colombia, que tiene sólo 20 años de vigencia, y ya hay voces que piden la convocatoria a otra asamblea nacional constituyente para hacer una nueva Carta Magna.

A raíz del escándalo por la aprobación de la frustrada reforma a la justicia, hay quienes han salido a promover una constituyente como la supuesta solución a los grandes males que aquejan al país. Si bien es cierto que la carta magna vigente no es perfecta, hay que reconocer que es muy avanzada y que si a partir de su entrada en vigencia muchas cosas en el Estado colombiano siguen funcionando mal no es porque la Constitución no las haya corregido, sino porque los tres poderes del poder público, encargados de aplicarla y defenderla, no han cumplido cabalmente su misión.

Colombia no puede caer en la peligrosa tentación de cambiar de carta política cada vez que la credibilidad institucional haga crisis, pues se convertiría en un país jurídicamente inestable, suficiente hay ya con todas las reformas que se han hecho, figura de la que aquí se ha abusado y que en teoría debería utilizarse sólo para actualizar la Constitución con el paso del tiempo y evitar que caiga en anacronismos.

Modificar con tanta frecuencia la Constitución, como se ha hecho en Colombia en los últimos 20 años, o reemplazarla con sólo dos décadas de promulgación, como se pretende ahora, impide que haya políticas sostenidas y de largo plazo. Las naciones más desarrolladas del mundo llevan siglos sin cambiar su ley máxima; la carta magna de Estados Unidos, por ejemplo, data de 1787.

Mientras se enfrascan en la discusión de una nueva Constitución, los políticos colombianos deberían dedicarse a atender temas urgentes, como proteger la economía nacional; y para resolver problemas como los del sector judicial, que no se arreglan con una nueva Carta Magna, lo que deberían hacer es aplicar al pie de la letra la vigente.

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