La aparición de Cali como la séptima ciudad más violenta del mundo, según el ranking realizado por el Consejo ciudadano para la seguridad pública y la justicia penal, no puede leerse de manera aislada, pues este estudio, muestra que entre las 50 urbes con las mayores tasas de homicidios por habitantes del mundo la mayoría son latinoamericanas.

De fondo, la causa de los elevados niveles de violencia en estas ciudades es la misma: el narcotráfico, que en diferentes modalidades, ya sea por la guerra entre carteles que se da en México, o por las disputas de parques y esquinas que se da en Colombia entre los vendedores de droga al menudeo, ya no es un problema puntual de unas pocas localidades, sino un problema trasnacional que está desangrando a los países del centro y el sur del continente americano.

Lo que refleja esta clasificación, en la que no hay ciudades europeas ni asiáticas, sólo cinco norteamericanas y una de África, es que los países en los que están los productores y los traficantes requieren con urgencia un viraje en la forma de enfrentar el problema de las drogas, para lo cual es indispensable el concurso de las naciones consumidoras, que aún no padecen estos problemas de inseguridad, pero que tarde o temprano, si no se involucran en la búsqueda de una solución trasnacional integrada, tendrán los muertos en sus calles.

Por más esfuerzos que hagan ciudades como San Pedro Sula, en Honduras, que es la más violenta del mundo, según esta clasificación; Acapulco, en México, que es la segunda, o cualquiera de las seis urbes colombianas que entraron en este ranking (Cali, Cúcuta, Pereira, Santa Marta, Medellín y Barranquilla), será muy difícil ganarle terreno a las muertes producto del narcotráfico, mientras la lucha contra este fenómeno no sea global y enfocada en la desestimulación del negocio. Estas cifras, más que el reflejo del fracaso de los gobiernos locales, lo que confirman es el descalabro de la lucha antidrogas.

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