¿Qué pasó en Tuluá? Esa es la pregunta que nos hacemos todos los colombianos.

Esta es una ciudad enclaustrada en un punto estratégico tanto para la dinámica del comercio regional, como para el desarrollo comercial internacional del país.

Es cierto que Tuluá al ser un cruce de caminos impulsado por su vivaz dinámica comercial, ha sufrido durante toda su historia municipal el embate constante de la violencia que se ha ensañado con los habitantes del llamado “Corazón del Valle”.

Sin embargo, los hechos ocurridos el pasado 25 de mayo no tienen precedente en la historia reciente de esta importante ciudad.

Es más, los tulueños hasta la semana anterior se habían “convertido en ejemplo” de pacifismo del ambiente de protesta en el marco del paro nacional.

La intensidad de los hechos de violencia y los resultados de los mismos, dejó absolutamente perplejos a todos los colombianos quienes por redes sociales seguían las acciones en contra de las instituciones del Estado como el Palacio de Justicia, así como contra diferentes establecimientos comerciales y financieros del centro de la ciudad. Toda mi solidaridad con ellos y con la familia del joven estudiante asesinado esa noche.

Si bien el nivel de afectación nos dejó confundidos a todos, no debe sorprendernos que se haya presentado un hecho de estas características en la “Villa de Céspedes”.

Es de recordar, que pocos días antes se presentaron cuatro homicidios que fueron perpetrados en contra de presuntos manifestantes que se encontraban en las zonas de bloqueo al ingreso de la ciudad, homicidios que ocurrieron unas horas después de la circulación de sendos panfletos amenazantes en contra de estas personas.

De igual forma, el mismo martes 25 de mayo en horas de la madrugada, el Esmad adelantó el desbloqueo de uno de los puntos de ingreso a la ciudad, operativo durante el cual se generaron unas detenciones por parte de la autoridad policial.

Los ánimos estaban caldeados.

La pregunta es: ¿Por qué el municipio no se preparó para enfrentar un posible escalamiento de la violencia?¿Por qué no hubo el suficiente apoyo de fuerza pública para repeler un posible ataque?¿Por qué las autoridades no atendieron las señales de alarma?.

No se puede olvidar que horas antes del inicio de la vandalización del centro de la ciudad, circuló el audio de un supuesto “representante” de los protestantes en el cual amenaza al municipio con acciones de este tipo.

Tampoco se puede obviar el hecho que a mitad de la tarde llegó al centro de la ciudad, a escasos metros del edificio de la Alcaldía, una carretilla que, ante la mirada permisiva de ciudadanos y autoridades, descargó tranquilamente piedras en plena calle principal.

No había que ser un “genio” para intuir lo que estaba a punto de suceder, teniendo en cuenta los antecedentes de Jamundí, Yumbo y Cartago.

En este sentido, concuerdo con la apreciación del escritor tulueño Gustavo Álvarez Gardeazabal, quien, a través de diferentes medios de comunicación nacional, ha expresado que tiene la percepción que “pareciera que alguien da la orden de no actuar”, a lo cual yo añadiría que incluso uno podría pensar que hay una clara intención de provocar.

Esta sensación de la existencia de un ambiente provocador se ve reforzada por unas entrevistas realizadas en “vivo” al Alcalde de Tuluá, las cuales se caracterizaron, especialmente la de un reconocido y polémico periodista, por un tono provocador, incendiario y por momentos irrespetuoso con el entrevistado, intentando forzar al mandatario municipal a calificar como terroristas a los perpetradores de las indiscutiblemente condenables acciones en contra de todos los ciudadanos que habitan el municipio.

Independientemente si los actos son terroristas o no, el Alcalde actuó bien durante las entrevistas, ya que apeló por un tono apaciguador y no por uno que incendie nuevamente los ánimos en la ciudad.

Esto no lo exime en ningún momento de su responsabilidad como Alcalde ante los hechos, y si es verdad (como lo dijo en su entrevista), que emitió alertas a las autoridades policiales y nacionales y que a pesar de los indicios de inminencia de los hechos estas no fueron atendidas, o peor, si sus instrucciones fueron desautorizadas, es fundamental que visibilice a todos los colombianos que así fue. De lo contrario él y su secretario de gobierno, que por cierto es un coronel retirado de la Policía, deben asumir la responsabilidad política de la situación.

Es momento para que los colombianos nos concienticemos que ninguna vía que apele a la violencia es el camino, con el diálogo y con voluntad política, Colombia puede llegar a consensos y acuerdos en lo fundamental: el derecho a una vida digna con oportunidades para todos.

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