La semana pasada, la sociedad caleña fue testigo del pasmoso feminicidio de Michelle Dayana González, una niña de quince años vilmente asesinada por el vigilante de un taller automotriz cercano a su casa, mientras se dirigía a una tienda del barrio.

Más allá del dolor que nos mueve por los infames detalles que se conocen del crimen; adicional a la empatía y solidaridad que nos puede generar su familia por nuestra propia condición de padres, es necesario reflexionar sobre este caso que enluta las fiestas decembrinas y que es una vergüenza mundial.

Resulta que el feminicida de Michelle Dayana, ya tenía antecedentes judiciales por la comisión de delitos sexuales en contra de otra menor de edad, sin embargo, nunca cumplió su pena completa, fue beneficiario de algunas rebajas y terminó recuperando su libertad convirtiéndose en un peligro real para las niñas que tuvieron el infortunio de cruzarse en su camino.

Lo que demuestra este caso y otros tantos miles que suceden a diario, es que la “función resocializadora” de la pena no es más que una muletilla retórica escrita en el Código Penal pero que carece de todo asidero con la realidad fáctica y jurídica.

Según cifras de Medicina Legal, solo este año atendieron alrededor de veinticinco mil casos de violencia sexual, de los cuales el 82% correspondía a violencia ejercida contra menores, además de que cada año más de 600 niños y niñas son víctimas de homicidio y feminicidio; es decir, nuestra niñez está siendo abusada y asesinada y estamos combatiendo ese flagelo con la misma política criminal que lleva décadas demostrando su fracaso.

Sí, es cierto que el Estado debe garantizar el acceso a la educación como un motor de transformación social, pero esa no puede ser la excusa para que, mientras la evolución de la sociedad es una realidad, nuestros niños y niñas sigan siendo abusados y asesinados y no pasemos de la indignación temporal, mientras llega un nuevo caso mediático.

Urge un replanteamiento de la política criminal del Estado, en donde el centro no sea el delincuente si no la víctima, y en donde se tomen medidas adecuadas que permitan la protección de nuestra infancia.

Es necesario llevar registros públicos de los delincuentes condenados por delitos sexuales, además de prohibir cualquier tipo de rebaja de penas para delitos cometidos en contra de menores de edad, adicionalmente, también deben plantearse alternativas como la castración química, por ejemplo, que han demostrado cierta eficacia en otras latitudes, en fin, no podemos simplemente a esperar un nuevo caso de violencia ejercida contra un menor de edad, para nuevamente revivir el debate, en un eterno círculo argumentativo del que no se sale.

La recuperación de los valores éticos, el resurgimiento de la moral y una política criminal robusta e inflexible respecto a este tipo de delitos, nos permitirá proteger un derecho sagrado de nuestros niños y jóvenes como es el de poder crecer en un ambiente sano rodeado de amor.

Mientras tanto, elevamos nuestras oraciones por Michelle Dayana, por sus padres y por toda la niñez colombiana, rogándole al Señor que le dé fortaleza a esa familia y a las miles que en Colombia y el mundo deben afrontar una situación tan difícil que puede tocar la puerta de cualquier hogar.

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