No cabe duda que actualmente estamos atravesando una convulsión política sin precedentes, la cual tiene sus orígenes en múltiples factores, la polarización política derivada de la férrea oposición del ex presidente Uribe al gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, cuyo momento cúspide se evidenció en la consulta plebiscitaria del proceso de paz.

Otro factor que se debe tener en cuenta fue la inédita situación de pandemia enfrentada por todo el planeta en los últimos dos años; también el denominado estallido social que puso en jaque la estructura política y económica del país por más de 40 días y por supuesto el débil liderazgo que fue acompañado por múltiples escándalos tanto de corrupción como de concentración de poder del gobierno de Iván Duque.

Estos y otra larga lista de razones como la inequidad, la desigualdad social y la exclusión histórica de grandes sectores de la población, la hipercentralización de la toma de decisiones, etcétera, llevaron a que Colombia por primera vez en su historia republicana experimente un gobierno de izquierda, el cual como es de esperarse, carga consigo con muchas expectativas especialmente de equiparamiento social de gran calado.

Por supuesto, el que un país tan conservador ideológica e idiosincráticamente hablando haya elegido un gobierno progresista, trae consigo múltiples desafíos y saca de la “zona de confort” a muchos sectores sociales, económicos y políticos que han estado, en muchas ocasiones, excesivamente arropados y “mimados” por el ejercicio gubernamental del país.

A los “cuatro vientos” actores políticos, los medios de comunicación, la academia, los gremios económicos e incluso la sociedad en sí misma, han dicho en múltiples ocasiones y escenarios que Colombia goza del sistema democrático más sólido y antiguo de América Latina, pero al ver los hechos y las actuaciones en estas escasas tres semanas de gobierno progresista, dando visos por momentos de una oposición irracional en algunos aspectos, nos damos cuenta que esa afirmación sobre la democracia de nuestro país, solo aplicaría cuando un sector tradicional ostenta el poder.

Muy bien lo dijo el ministro Ocampo en referencia a su defensa de la reforma tributaria que se encuentra en curso en el congreso: “Colombia votó por una agenda social” y eso los ciudadanos, los gremios, etc, lo debemos aceptar y hacer esfuerzos y sacrificios para honrar esa voluntad popular, porque para llevar a cabo una agenda con un enfoque hacia la población periférica que permita equiparar sus oportunidades con el resto de la población, debemos financiar el Estado, y más aún, cuando debido a una pandemia y a manejos ineficaces en la ejecución y control de recursos del gobierno saliente, dejan en aprietos los ejercicios presupuestales del aparato estatal.

Debemos ser conscientes de esta situación y los ciudadanos que votaron por esta opción progresista de poder, también deben ser pacientes porque las reformas que se han planteado hasta el momento toman tiempo y el ver los resultados palpables aún más, por lo tanto, no se debe tergiversar el entendimiento de los mensajes de manera oportunista tal y como se ha hecho en los últimos días con acciones de invasión de predios, ya que acciones como estas deslegitiman y reducen la capacidad de acción del gobierno nacional.

Tampoco desde la otra “orilla” se debe caer en la locura de hacer llamados como el de José Félix Lafaurie, en calidad de presidente de Fedegan, de constituir “grupos organizados de reacción solidaria”, un llamado que debido a nuestra historia reciente con la deformación de las Convivir en grupos paramilitares, va en la vía equivocada y más aún cuando el gobierno nacional a través de varios de sus principales voceros, entre ellas la ministra de agricultura, ha hecho llamados y declaraciones en el sentido de desincentivar las invasiones de predios.

Sin duda, quiero creer que lo de Lafaurie, que por cierto ha sido secundado por el Representante a la Cámara Miguel Polo, solo ha sido una salida en falso producto de la convulsión y el estrés político del momento y que no representa el pensamiento de la mayoría de los miembros de tan importante gremio para el desarrollo del campo colombiano.

Si de verdad creemos que Colombia es un país democrático, debemos aceptar las reglas políticas, pero también debemos ser conscientes que debemos tener paciencia, altura y crítica racional frente a un gobierno distinto, con un corte diferente, al cual no se debe juzgar con solo tres semanas de ejercicio gubernamental, esperemos el plan de desarrollo y sus primeros seis meses, allí si podremos dar debates críticos o de apoyo a las acciones de Gustavo Petro y su equipo.

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