La JEP

Natalia Bedoya

El Presidente Duque tiene la posibilidad de objetar la Ley Estatutaria que regula la JEP, devolviéndole la esperanza a millones de colombianos que, el pasado 2 de octubre de 2016, manifestamos nuestro deseo de construir una paz con garantías de no repetición.

Pero como es normal en una democracia, nuevamente el país se divide, hay quienes creen que objetar la ley es poner en riesgo la viabilidad del acuerdo, quizás, porque conocen las condiciones inestables y la falta de voluntad de las Farc, o quizás, porque no entienden que la única forma de construir una paz, que garantice no repetición en un futuro, es asegurar un mínimo de justicia y verdad.

Son miles las historias de niñas y niños que fueron reclutados a temprana edad, que cambiaron un juguete por un fusil, y no por voluntad propia, fueron obligados por quienes hoy aclaman impunidad.

El reclutamiento en muchos casos, paro no decir en todos, estuvo acompañado de violaciones sistemáticas, tortura, y abortos.

Delitos que demandan justicia, pero la justicia aclamada no se obtiene con una jurisdicción incapaz de otorgar penas proporcionales a la gravedad del delito.

La impunidad no puede ser el arma de revictimización, modificar las condiciones de la JEP, excluyendo de su competencia los delitos contra menores es el primer paso para construir una paz con garantías de no repetición.

La JEP no puede volverse el vehículo para que los miembros de las Farc sigan delinquiendo, los delitos cometidos después de la firma deben quedar por fuera de la competencia de la JEP.

No hacerlo no solo pone en riesgo la viabilidad de construir una paz duradera, también crea una categoría de criminales exentos de la justicia.

Sin justicia y verdad es imposible garantizar no repetición. Objetar la JEP es la solución.