El caso de Luz Mery Tristán, conmocionó al país en agosto de 2023.
Su presunto feminicida, Andrés Gustavo Ricci, podría quedar en libertad debido al vencimiento de términos, lo que generaría una profunda herida en la lucha por la justicia y en el corazón de su familia.
Este no es un hecho aislado, sino un síntoma de una crisis de impunidad en los feminicidios en Colombia.
El feminicidio de Luz Mery Tristán es un ejemplo doloroso de cómo el sistema judicial colombiano falla en proteger a las víctimas y garantizar justicia oportuna.
Su familia ha tenido que enfrentar no solo el inmenso dolor de su pérdida, sino también la posibilidad de que el presunto asesino salga libre por retrasos procesales.
¿Cómo podemos permitir que esto siga ocurriendo?
A este caso se suma el reciente asesinato de una mujer en Cartago, quien fue atacada por hombres armados en su propia casa.
Tras el crimen, los agresores dejaron un panfleto con un mensaje, lo que genera aún más preocupación sobre la violencia sistemática contra las mujeres y la falta de respuestas efectivas por parte del Estado.
Este hecho demuestra que la impunidad no solo afecta casos mediáticos, sino que es una realidad cotidiana que cobra vidas a lo largo de país.
La Procuraduría General de la Nación ha alertado que, en lo que va de 2024, se han registrado 198 feminicidios y 8 transfeminicidios en el país.
También, el Observatorio Nacional de Salud reportó 131.501 casos de violencia basada en género, de los cuales el 75,6% son contra mujeres.
Según informes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre enero y agosto de 2024 se registraron 32.141 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres, de los cuales 23.566 han sido en el contexto de pareja.
Estas cifras no son solo números, sino vidas arrebatadas, familias destruidas y un mensaje de impunidad que perpetúa la violencia de género.
Cada día que pasa sin justicia, cada agresor que queda libre, envía un mensaje de que la vida de las mujeres no vale lo suficiente para el Estado.
Me sumo al clamor de la familia de Luz Mery Tristán y de todas las víctimas de feminicidio en Colombia.
No podemos seguir permitiendo que los plazos procesales sean una excusa para liberar a presuntos asesinos.
Se requieren reformas urgentes que prioricen estos casos, fortaleciendo la celeridad en la administración de justicia y garantizando que las víctimas y sus familias reciban la protección y el respaldo que merecen.
La impunidad es cómplice de la violencia.
Como sociedad y como Estado, debemos comprometernos a garantizar que ningún agresor quede en libertad por fallas del sistema.
Justicia para Luz Mery Tristán y para todas las mujeres víctimas de feminicidio en Colombia.
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