Uno de los adagios populares que más se escuchan en Colombia es el que se refiere a esa inmensa capacidad que tenemos en la sociedad colombiana para evadir las reglas. Por ejemplo, no respetar las filas, evadir el pago impuestos, amañar licitaciones para que las ganen los amigos del político de turno, exportar drogas de todas las formas posibles, entre otras. Tal vez este tipo de comportamientos obedecen a que en la época de la conquista Colón llegó en sus barcos con una tripulación integrada por presidiarios, ladrones, violadores y esa cultura fue la que se impuso sobre los ancestros indígenas, quizás es una de las herencias que dejó el narcotráfico bajo la consigna del todo vale o tal vez es una combinación de ambas cosas.

El punto es que en Colombia somos expertos en crear leyes, normas o reglas, pero al mismo tiempo en desarrollar la capacidad de evadirlas. Particularmente, existe la prohibición en Colombia para que los funcionarios públicos participen en política. Entonces, de acuerdo con el marco legal vigente los funcionarios no pueden tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas (Constitución Política, artículo 127); tampoco pueden utilizar su empleo para apoyar una campaña política o presionar a particulares o subalternos para influir en procesos electorales (Código Único Disciplinario, artículo 48 numerales 39 y 40); y mucho menos intervenir en política utilizando su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato o agrupación política (Código Penal, artículo 422). En suma, los funcionarios no pueden participar de los procesos electorales de ninguna forma que beneficie a algunos de los candidatos.

Sin embargo, como somos expertos en Colombia en incumplir las leyes, siempre encontramos la forma de pasarnos la norma de ruana. Por ejemplo, desde que el candidato Petro habló de una reforma al sistema de pensiones, el presidente Iván Duque ha criticado abiertamente en diferentes medios de comunicación dicha propuesta. Esta semana tras acordar que los fondos privados de pensión invirtieran 4.5 billones de pesos en proyectos de infraestructura afirmó: “cualquier precedente, cualquier situación que busque expropiar los recursos del ahorro de las personas en los fondos de pensión tiene que ser rechazado de manera clara y contundente, porque echarles mano a los recursos del ahorro de las personas para nacionalizarlos y convertirlos en dinero de bolsillo del Gobierno es un robo, un atraco”. Una clara alusión a la propuesta hecha por Petro, sin mencionar su nombre.

A su vez, respecto a la reforma al ICETEX propuesta por el candidato del Pacto Histórico, el primer mandatario del país dijo “mucho cuidado con los que ahora proponen acabar el Icetex y que dicen que ahí se cancelan todas las deudas. Es decir, 9 billones de pesos (…) eso es populismo, señores”. La misma estrategia, criticar la propuesta de Petro, sin mencionarlo para evitar ser acusado de participar en política, aunque sí lo está haciendo.

Sin embargo, Duque no es el único con estos comportamientos. En la ciudad de Medellín el Alcalde Quintero es uno de los “apoya” la candidatura de Petro, muestra de ello es que dos de sus mejores amigos, personas de confianza y exsecretarios, renunciaron para irse a la campaña. De igual forma, su esposa ha sido vista en múltiples espacios junto a la esposa de Gustavo Petro, haciendo campaña. Cuando le preguntan a Daniel Quintero sobre estas situaciones y su apoyo a Petro, responde que sus esposa no es funcionaria, que los otros dos tampoco porque ya renunciaron y que son libres de participar en política. Eso es totalmente cierto y legal, sin embargo, el mensaje es claro: la Alcaldía de Daniel Quintero apoya a Petro.

De tal forma, la prohibición de participar en política para los funcionarios no es una norma que se cumpla y respete, la gran mayoría de contratistas del estado (personas naturales y/o empresas) participan con donaciones u organizando reuniones para sus candidatos. Por tal motivo, dicha prohibición debería quitarse, obviamente el desviar dineros públicos o coartar el voto a través de los recursos de una Alcaldía, una Gobernación o la Presidencia, no puede ser permitido, pero que un(a) Alcalde(sa), un(a) Gobernador(a), o el(la) Presidente(a) manifiesten por quién votar o entren en el debate programático de las propuestas hechas por los candidatos si debería ser permitido, más aún cuando es algo que hoy sucede.

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