Los municipios deberán formular al finalizar el primer semestre de gobierno, los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC). Estos planes constituyen la hoja de ruta de los alcaldes para atender los factores que afectan la seguridad ciudadana y la convivencia en sus municipios durante los próximos 4 años. Los PISCC permiten a las autoridades locales priorizar acciones, optimizar recursos, afinar la coordinación interinstitucional y mejorar el seguimiento y evaluación de las estrategias implementadas.

Cali demanda grandes esfuerzos institucionales para continuar la reducción de la tasa de homicidios, enfrentar el hurto a personas, avanzar en el desmantelamiento de organizaciones delincuenciales, mejorar la percepción de seguridad y la convivencia. Esto se logra con un sistema institucional de seguridad cohesionado y robusto.

Para ello, es esencial el fortalecimiento de las capacidades operativas, de inteligencia e investigación criminal de las agencias de seguridad y justicia; la afectación de las economías criminales; consolidar la participación del Ejército en las tareas de control militar de área urbana y afianzar un modelo integral de prevención de la violencia, con énfasis en la protección de la mujer. Especial atención merece la protección de los ecosistemas estratégicos de la ciudad y los seres sintientes.

Estoy convencido que Cali avanza en esa dirección mediante la construcción de un marco estratégico para la gobernanza de la seguridad y la convivencia a mediano y largo plazo. Un acuerdo sobre lo fundamental, que vincule al sector público y privado, sumando voluntades hacia un mismo objetivo. El encadenamiento del PISCC con una Política de Seguridad a 10 años, será clave para posicionar a la capital del Valle como un nodo estratégico en la prevención de la violencia y la lucha frontal contra la criminalidad a nivel regional.

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