Las declaraciones del presidente electo Abelardo de la Espriella sobre “mandar a la cárcel a Timochenko”, “acabar la JEP” y culpar al Acuerdo de Paz de la violencia actual no son solo polémicas: son profundamente irresponsables.

Revelan una peligrosa tendencia a gobernar desde la emotividad y la controversia, en lugar de hacerlo desde la técnica, la institucionalidad y el respeto por los compromisos del Estado.

Colombia ya vivió suficientes incendios como para que el nuevo gobierno decida jugar con fósforos.

La escalada de violencia que hoy golpea al país no nació del Acuerdo de Paz, como intenta sugerir De la Espriella.

Nació, más bien, de dos fallas consecutivas: la falta de voluntad política del gobierno de Iván Duque para implementar lo pactado y la falta de interés y capacidad de ejecución del gobierno de Gustavo Petro para corregir el rumbo.

Durante diez años, el Estado ha incumplido tres pilares esenciales del acuerdo, y ese incumplimiento es la verdadera gasolina del deterioro actual.

El primer pilar es la reforma integral agraria, el corazón del acuerdo. Allí el avance ha sido paupérrimo. La Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de Víctimas han mostrado niveles de eficiencia y eficacia que rozan la vergüenza institucional.

Sin redistribución, sin formalización, sin acceso real a la tierra, el conflicto se recicla. No hay paz posible donde la estructura agraria sigue siendo la misma que alimentó la guerra durante décadas.

El segundo pilar es la llegada integral del Estado a los territorios que antes ocupaban las FARC.

No se trata solo de presencia militar —que, para hacer honor a la verdad, tampoco se mantuvo en estos últimos ocho años— sino de salud, educación, justicia, infraestructura y oportunidades económicas.

En la mayoría de esos territorios, el Estado nunca llegó. Y donde llegó, llegó tarde, mal o a medias. Ese vacío fue llenado por disidencias, bandas criminales y economías ilegales. Culpar al acuerdo por ese fracaso es como culpar al mapa por no haber hecho el viaje.

El tercer pilar es la reincorporación real de los excombatientes, junto con inversión social e infraestructura en las zonas de conflicto. Nada de eso se consolidó.

Por el contrario, el país presenció escándalos como el del Alto Consejero para la Estabilización de Duque, Emilio Archila, hoy investigado por presunta desviación de recursos del OCAD Paz.

¿Cómo puede funcionar un proceso de paz si quienes deben garantizarlo terminan señalados por corrupción?

Con este panorama, pretender acabar la JEP o encarcelar a Timochenko no solo es jurídicamente inviable: es un gesto de desconocimiento del blindaje constitucional del acuerdo y de la arquitectura institucional que lo sostiene.

A diez años de su firma, reabrir este debate es estéril, inocuo y profundamente dañino para la credibilidad del Estado colombiano.

Pero también es revelador: muestra que el gobierno entrante parece dispuesto a gobernar desde la polémica, no desde la responsabilidad.

La JEP, por supuesto, no va al ritmo que quisiéramos. Ha sido lenta, paquidérmica y en ocasiones desconectada del país.

Pero también ha sido el único espacio donde la verdad ha encontrado incentivos reales para salir a la luz, no solo sobre crímenes de la guerrilla, sino también sobre crímenes de Estado.

Exmilitares han podido contar lo que en la justicia ordinaria jamás habrían dicho. Familias de víctimas han encontrado momentos de cierre que llevaban décadas esperando. Desmontar ese mecanismo sería un retroceso histórico.

Las palabras de De la Espriella, más allá de su escaso sustento jurídico, dejan mal parado al Estado colombiano frente a la comunidad internacional.

No es casual que ya hayan surgido voces de rechazo del secretario general de la ONU, del Consejo de Seguridad y de gobiernos garantes como Noruega. Y seguramente vendrán más. Un país que amenaza con desconocer sus compromisos es un país que pierde confianza, apoyo y legitimidad.

Colombia necesita un presidente que entienda la diferencia entre hacer política y hacer país. La paz no se sostiene con frases incendiarias ni con promesas imposibles. Se sostiene con instituciones, con cumplimiento y con seriedad.

P. D. Por cierto, los colombianos seguimos esperando la reacción del presidente electo frente al cruel asesinato de Joan Sebastián Guerrero, ocurrido frente a su esposa y su hija de tres años durante un procedimiento del ICE en Estados Unidos.

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