enero 10, 2019

Lucha contra el homicido

Rosa María Agudelo Ayerbe

El inicio del 2019 está marcado por trágicas noticias sobre asesinatos de líderes sociales y feminicidios.

Es duro descubrir que nuestro país se acostumbró hace mucho a las muertes violentas. Un indicio de esta circunstancia es la categorización que hoy hacemos de las víctimas.

Ya no llevamos una cuenta general de los homicidios ni condenamos todas las muertes. Ahora rechazamos especialmente las de los líderes sociales y las de las mujeres.

No parece que se haga para entender los fenómenos sino para disimular las cifras y sobre todo para no reconocer que en el país se perdió todo respeto por la vida y que el Estado no tiene capacidad disuasiva para evitar el crimen ni mucho menos para condenar a los responsables. En Colombia, todos somos víctimas potenciales de homicidio.

Aquí se mata por tener, por deber, por defender derechos, por recuperar tierras, por no satisfacer pasiones. Durante el 2018, la tasa de homicidio en nuestro país fue de 25 por cada 100.000 habitantes, un número escalofriante en el contexto internacional. Lo único que tienen en común los homicidios en nuestro país es la impunidad. La Fiscalía solo logra esclarecer dos de cada 10 homicidios.

Históricamente, las autoridades hacen un esfuerzo para combatir este flagelo pero lo cierto es que no hay una política pública contra este delito que permita proteger la vida en Colombia.

Continuamente se lanzan programas policiales pero sin el adecuado proceso de investigación y judicialización son pocas las posibilidades de éxito en este propósito.

Más cuando simplificamos las explicaciones y no entendemos que las razones van más allá de las nuevas dinámicas de enfrentamiento entre grupos ilegales, pues muchísimos homicidios estarían más bien ligados con la delincuencia común y la mal llamada intolerancia social.

¿Hasta cuándo vamos a seguir solo indignándonos por algunas muertes violentas y conformándonos con anuncios de investigaciones exhaustivas?