Colombia registró una disminución significativa de la pobreza monetaria entre 2023 y 2024: más de 1,2 millones de personas salieron de esta condición, y 420.000 superaron la línea de pobreza extrema, según reveló el más reciente informe de ANIF, basado en cifras del DANE.

Sin embargo, los datos también exponen un rostro persistente e inequitativo del país: las mujeres rurales siguen siendo las más golpeadas por la pobreza.

El balance general muestra un avance en los indicadores nacionales.

La pobreza monetaria (P), definida como el ingreso mensual necesario para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y transporte, se ubicó en $460.198.

Por su parte, la línea de pobreza extrema (PE), que garantiza apenas el consumo calórico mínimo diario, se estimó en $227.220.

A partir de estas cifras, se evidenció una mejora: el número de colombianos por debajo de estas líneas se redujo notablemente.

Pero al desagregar los datos, el tono celebratorio se matiza.

El informe advierte sobre “un panorama agridulce”, ya que las brechas de género y territorio no solo persisten, sino que se profundizan.

Por ejemplo, en zonas urbanas, los hogares encabezados por mujeres son un 40% más pobres que los liderados por hombres, y presentan un 80% más de incidencia en pobreza extrema.

En zonas rurales, las diferencias también son notables: 20% más en pobreza general y 40% más en pobreza extrema, en comparación con los hogares liderados por hombres.

Aún más grave es la comparación entre mujeres del campo y de la ciudad.

Las mujeres jefas de hogar en áreas rurales tienen 40% más pobreza que sus pares urbanas, y presentan una incidencia en pobreza extrema que es 120% superior.

“Las mujeres rurales están enfrentando una doble penalización: por su género y por su ubicación geográfica”, señala el informe de Anif.

Las barreras

Las razones detrás de estas disparidades son estructurales y profundamente arraigadas en el funcionamiento del mercado laboral colombiano.

Las mujeres, especialmente en zonas rurales, enfrentan barreras para acceder a trabajos remunerados, sufren tasas altas de subocupación y, en muchos casos, son excluidas de sectores económicos con mayores ingresos, como el agrícola, tradicionalmente dominado por hombres.

A esto se suma la carga desproporcionada de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, que limita su disponibilidad para actividades productivas.

El informe también llama la atención sobre la necesidad de diseñar políticas públicas más específicas y sensibles al enfoque de género y territorio.

“La reducción de la pobreza es un avance innegable, pero si no se enfrentan las causas estructurales de estas brechas, el progreso será incompleto y desigual”, advirtió José Ignacio López, presidente de Anif.

El estudio concluye que, si bien las estrategias de reducción de pobreza están rindiendo frutos, es fundamental que el país mantenga y fortalezca políticas focalizadas para erradicar la pobreza extrema y reducir las brechas.

Esto implica mejorar la inclusión laboral de las mujeres, garantizar el acceso equitativo a servicios sociales y económicos, y promover un entorno más favorable para las jefas de hogar rurales.

En un momento en que Colombia busca consolidar su recuperación económica y reducir las desigualdades, los hallazgos de Anif representan un llamado urgente a no dejar atrás a las poblaciones más vulnerables.

La lucha contra la pobreza no solo se mide en cifras globales, sino en la equidad con la que se reparten sus beneficios.

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