El Ministerio de Hacienda publicó para comentarios un proyecto de decreto que modifica temporalmente el calendario tributario de 2026 en los municipios golpeados por el sismo de magnitud 7,4.

La medida cobijaría renta, retenciones y el impuesto al patrimonio y tendría un impacto temporal sobre el recaudo cercano a $624.000 millones.

Las personas naturales afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto podrían tener más tiempo para presentar y pagar algunas de sus principales obligaciones tributarias.

El Ministerio de Hacienda publicó para comentarios un proyecto de decreto que busca modificar temporalmente el calendario tributario de 2026 para los contribuyentes domiciliados en las zonas golpeadas por la emergencia.

La iniciativa constituye un alivio en los plazos, pero no significa una condonación de impuestos.

Las obligaciones, tarifas y bases gravables se mantienen y los contribuyentes deberán cumplirlas, aunque contarían con fechas posteriores para hacerlo sin exponerse a sanciones o intereses por no atender los vencimientos originalmente establecidos.

El proyecto está dirigido a personas naturales, sucesiones ilíquidas y agentes de retención o autorretenedores que sean personas naturales, siempre que su domicilio registrado en el RUT al 10 de agosto de 2026 corresponda a alguno de los municipios afectados.

La cobertura territorial podría ampliarse. De acuerdo con la propuesta, la Dian podrá incorporar otros municipios a medida que sean reportados como afectados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd.

Uno de los principales cambios corresponde a la declaración de renta del año gravable 2025.

Los vencimientos que estaban previstos durante agosto, septiembre y octubre de este año serían trasladados hacia los últimos días de octubre y durante noviembre de 2026, dependiendo del calendario que finalmente establezca el decreto.

La modificación resulta especialmente relevante porque agosto marca el comienzo de la temporada de declaración de renta de personas naturales y numerosos contribuyentes ubicados en las regiones afectadas podrían enfrentar dificultades para acceder a servicios, documentos, asesoría contable o incluso conectividad.

También habría cambios para la retención y autorretención correspondiente a julio de 2026. Las obligaciones cuyo vencimiento estaba previsto para agosto pasarían a septiembre, otorgando aproximadamente un mes adicional para su cumplimiento.

El impuesto al patrimonio

El proyecto propone ampliar el plazo del impuesto al patrimonio hasta el 16 de noviembre de 2026.

La decisión responde a las dificultades provocadas por el terremoto en materia de movilidad, prestación de servicios y atención presencial en las dependencias de la administración tributaria.

Bajo estas circunstancias, mantener los vencimientos inicialmente establecidos podría dificultar el cumplimiento oportuno de las obligaciones de personas que simultáneamente enfrentan las consecuencias económicas y materiales de la emergencia.

El aplazamiento también tendrá un efecto sobre las cuentas públicas, aunque sería exclusivamente temporal.

Las estimaciones contempladas en el proyecto señalan que alrededor de $624.000 millones que inicialmente ingresarían durante agosto dejarían de hacerlo en ese momento.

Sin embargo, esos recursos no desaparecerían del recaudo, sino que ingresarían posteriormente cuando se cumplan los nuevos vencimientos.

La iniciativa se sustenta en los artículos 579 y 811 del Estatuto Tributario, que facultan al Gobierno Nacional para establecer y modificar los plazos relacionados con el cumplimiento de obligaciones tributarias.

El proyecto fue publicado para comentarios el 11 de agosto de 2026, por lo que todavía no constituye una medida definitiva.

Para que las nuevas fechas entren en vigencia será necesario que el decreto sea expedido y publicado oficialmente.

Por ahora, el mensaje para los contribuyentes afectados es precisamente ese: se trata de una propuesta de aplazamiento y no de una exoneración.

Si finalmente es adoptada, permitirá que quienes se encuentran en los municipios golpeados por el terremoto dispongan de más tiempo para organizar su situación económica y posteriormente cumplir sus obligaciones tributarias sin que la emergencia se traduzca, además, en sanciones e intereses por vencimientos que materialmente no pudieron atender.

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