Cali, septiembre 10 de 2026. Actualizado: jueves, septiembre 10, 2026 20:18
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Colombia comienza a conocer el verdadero tamaño del desafío fiscal que tendrá que enfrentar durante los próximos años.
La actualización del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 elevó el monto desde $575,7 billones hasta cerca de $635 billones, pero el incremento no significa necesariamente que el Gobierno haya decidido gastar mucho más.
Buena parte corresponde al reconocimiento de obligaciones que no estaban suficientemente incorporadas y a un servicio de la deuda considerablemente mayor.
El Informe Semanal de Anif advierte que el ejercicio de “sinceramiento” de las cuentas públicas deja al descubierto un problema de mayor dimensión: para 2027 se proyecta un déficit fiscal de 9,4 % del PIB y un déficit primario de 4,5 %, escenario que haría necesaria una Ley de Ajuste Fiscal cercana a $45 billones.
El reto no será únicamente conseguir esos recursos, sino definir de dónde saldrá el ajuste y lograr su aprobación en el Congreso.
La modificación incrementó el PGN en $59,3 billones frente al proyecto anterior.
Uno de los mayores cambios está en el servicio de la deuda, que aumenta $37,4 billones, mientras los gastos de funcionamiento crecen $24,9 billones.
La inversión pública, por el contrario, disminuye $3 billones.
Dentro del incremento del funcionamiento aparecen obligaciones que el Estado debe asumir independientemente de quién gobierne.
Anif identifica, entre otras, mayores necesidades relacionadas con pensiones, salud, nómina y subsidios energéticos.
Solo las transferencias aumentan $20,3 billones y los gastos de personal, $4,5 billones. Además, aproximadamente $6,5 billones adicionales corresponden a obligaciones pensionales.
Pero hay un elemento especialmente sensible: ese mayor gasto no estará respaldado por un incremento equivalente del recaudo tributario.
Los ingresos corrientes fueron reducidos en $10,7 billones y se excluyeron $30,2 billones de ingresos tributarios que dependían de una ley de financiamiento que no fue tramitada por el Congreso.
En consecuencia, los recursos de capital, que incluyen crédito, saltan de $187,5 billones a $287,7 billones.
El tamaño del desequilibrio aparece con mayor claridad cuando se observa cuánto tendrá que financiar el Gobierno.
Las necesidades de financiamiento del Gobierno Nacional Central prácticamente se duplican, al pasar de $130 billones a $266 billones, un incremento cercano a $135 billones.
El resultado llevaría la deuda neta desde el 58,9 % del PIB estimado anteriormente hasta 66,2 % del PIB en 2027, nivel que comienza a acercarse al límite de 71 % contemplado por la regla fiscal.
A los problemas estructurales de las finanzas públicas se sumó una obligación inesperada: atender la emergencia ocasionada por el terremoto del 10 de agosto.
Anif señala expresamente la atención de la emergencia entre los tres factores que explican la reformulación presupuestal, junto con las inconsistencias de programación del proyecto anterior y el reconocimiento de mayores necesidades en salud, pensiones, nómina y subsidios energéticos.
Esto ocurre cuando el margen presupuestal ya es reducido y el Gobierno necesita simultáneamente atender la reconstrucción, cumplir sus obligaciones ordinarias y evitar que la deuda continúe aumentando.
La respuesta anunciada es una Ley de Ajuste Fiscal que buscaría reducir el déficit primario de 2027 en 2,2 puntos del PIB, equivalentes aproximadamente a $45 billones.
Si el Congreso aprueba las medidas y estas producen el resultado esperado, el déficit total podría bajar de 9,4 % a 7,2 % del PIB, mientras el déficit primario se reduciría de 4,5 % a 2,3 %.
El objetivo sería implementar un ajuste gradual, pero permanente, que permita estabilizar la deuda alrededor de 64,8 % del PIB al final del actual Gobierno.
Los mercados ya dieron una primera señal sobre la sensibilidad del problema.
Tras conocerse las nuevas cifras, se reportaron desvalorizaciones de la deuda pública, mientras el dólar alcanzó máximos de $3.225 y posteriormente cerró alrededor de $3.201, comportamiento que contrastó con el de otras monedas de la región.
El sinceramiento presupuestal permite tener una fotografía más clara de las obligaciones del Estado, pero también deja una pregunta que dominará la discusión económica: cómo conseguir un ajuste cercano a $45 billones sin comprometer la inversión, la recuperación económica y los recursos que ahora necesita la reconstrucción de las regiones afectadas por el terremoto.
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Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A. Fundado el 19 de noviembre de 1961
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