Cali, febrero 11 de 2025. Actualizado: lunes, febrero 10, 2025 23:25
La crisis humanitaria en Catatumbo continúa escalando y generando preocupación tanto a nivel nacional como internacional.
En los últimos cinco días, según datos de la Defensoría del Pueblo, más de 80 personas han muerto y 11.000 han sido desplazadas debido a los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC y otras estructuras criminales que luchan por el control territorial en esta región estratégica de Norte de Santander.
La población del Catatumbo enfrenta una situación crítica por el recrudecimiento de la violencia. Videos y denuncias en redes sociales muestran familias huyendo de sus hogares, buscando refugio en municipios como Tibú, Ocaña y Cúcuta, e incluso cruzando hacia Venezuela para escapar del conflicto.
Entre los desplazados se encuentran líderes comunitarios, firmantes del acuerdo de paz y sus familias, quienes han sido blanco de amenazas y ataques.
Según declaraciones del ministro de Defensa, Iván Velásquez, los esfuerzos gubernamentales están enfocados en rescatar a las personas en riesgo y garantizar su seguridad.
El presidente Gustavo Petro en su visita al municipio de Tibú, el pasado 17 de enero, para evaluar la situación, anunció la suspensión de los diálogos de paz con el ELN, al que acusó de cometer “crímenes de guerra” en la región e ir en contra de la paz.
Mientras tanto, las Fuerzas Militares están desplegadas para intentar controlar los enfrentamientos y permitir la entrada de ayuda humanitaria a las zonas más afectadas.
En Ocaña, principal punto de refugio, se están habilitando albergues para acoger a los desplazados, pero las capacidades son limitadas frente a la magnitud de la emergencia.
La violencia no solo ha dejado víctimas mortales, sino también un impacto devastador en la población civil. Comunidades enteras han quedado desprotegidas y expuestas a condiciones precarias.
Organizaciones humanitarias, la Defensoría del Pueblo y líderes sociales han solicitado una intervención más contundente por parte del Estado para garantizar la protección de los derechos humanos en esta zona.
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