El reclutamiento de menores en el conflicto armado colombiano sigue siendo una de las violaciones de derechos humanos más graves en el país.

Según la Defensoría del Pueblo, en 2024 se reportaron 409 casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de esta práctica.

La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado urgente al Gobierno para incluir la protección de esta población en las negociaciones de paz con los Grupos Armados Organizados, GAO.

El informe destaca que el departamento del Cauca concentra el mayor número de casos, con 300 menores reclutados.

Además, los niños y adolescentes de comunidades indígenas representan el 51 % de las víctimas, lo que evidencia su alta vulnerabilidad ante los grupos armados.

Medidas urgentes para la protección de los menores

Ante este panorama, la Procuraduría instó a las autoridades a fortalecer las estrategias de prevención y protección para evitar nuevos casos de reclutamiento.

En 2024, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar abrió 318 procesos administrativos de restablecimiento de derechos para menores que lograron desvincularse de los GAO.

Sin embargo, la entidad advirtió que estas cifras reflejan solo una parte del problema, pues muchas víctimas no logran ser identificadas o rescatadas.

La Procuraduría enfatizó la necesidad de ejecutar acciones de prevención temprana y protección efectiva en los territorios más afectados.

También subrayó la importancia de garantizar entornos seguros para los menores en riesgo, así como eliminar todas las formas de violencia en su contra.

Llamado a priorizar la protección de la infancia en la agenda de paz

La Procuraduría insistió en que el reclutamiento de menores debe ser un tema prioritario en las conversaciones de paz con los GAO.

Además, pidió a las autoridades fortalecer los mecanismos de denuncia y atención para las víctimas, así como sancionar a los responsables de este crimen.

El reclutamiento infantil sigue siendo una problemática de gran magnitud en Colombia.

Por ello, el Ministerio Público recordó que la protección de la niñez es una responsabilidad del Estado y de la sociedad en su conjunto.

Garantizar la seguridad y los derechos de los menores en zonas de conflicto es clave para frenar esta grave violación de los derechos humanos.

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