Durante la apertura del congreso de la Cámara Colombiana de Infraestructura, el presidente Gustavo Petro habló del difícil momento que vive la economía y aseguró que los salarios altos en el sector público de Colombia no experimentarán aumentos en el próximo año, 2024.

Dijo que esta decisión surge como consecuencia directa del reciente fallo de la Corte Constitucional que despojó al gobierno de aproximadamente 6.5 billones de pesos, fondos que se pretendían recaudar mediante la reforma tributaria propuesta.

El presidente Petro expresó su preocupación por la situación económica del país y destacó las dificultades que enfrenta el gobierno para mantener los niveles de ingresos previstos.

“Al Gobierno le toca mirar qué hacer, cómo recorta y de dónde saca. No sé cómo, pero el próximo año no pueden subir los altos salarios en Colombia en el sector público”, anunció de manera contundente

“Los ingresos hay que recortarlos por la decisión de la Corte Constitucional. Estamos estancados, estamos en la tormenta perfecta”, declaró el mandatario, subrayando la gravedad de la situación.

Además, destacó que el congelamiento de los salarios altos en el sector público es una medida necesaria, aunque no suficiente para cubrir la brecha financiera generada por el fallo judicial.

Petro señaló que esta medida afectará a las tres ramas del poder público. La incertidumbre económica se cierne sobre el país, y el presidente instó a buscar soluciones urgentes para evitar consecuencias más graves.

Este anuncio ha generado reacciones mixtas en la opinión pública y entre los sectores afectados. Mientras algunos analistas respaldan la decisión del gobierno como una respuesta necesaria ante las circunstancias, otros critican la falta de previsión y la dependencia de medidas que podrían afectar negativamente a la población y al funcionamiento de las instituciones públicas.

En medio de este panorama, la sociedad colombiana se encuentra a la espera de las acciones concretas que tomará el gobierno para hacer frente a este desafío económico.

El congelamiento de salarios en el sector público plantea interrogantes sobre la sostenibilidad financiera y la capacidad del país para superar las dificultades económicas que se avecinan.

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